Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, señaló que de 2005 a la fecha se han documentado 28 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos, dos casos de integrantes de grupos insurgentes y, en seguimiento hemerográfico, al menos tres mil personas han sido víctimas de esta violación a los derechos humanos.
Estos hechos constatan la falta de voluntad política por parte del Estado de implementar políticas que permitan erradicar la desaparición forzada, esclarecer los casos, impartir justicia y reparar el daño a las víctimas de la desaparición forzada de la Guerra Sucia y las de la actual lucha contra el crimen organizado.
En este sentido, demandó al Estado que, tomando en cuenta la participación de la sociedad, promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, de tal forma que se garantice la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada y, por otra parte, contemple medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas. Asimismo, que el Estado reforme el Código Penal Federal y los códigos estatales para armonizar la legislación con lo dictado por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
Por otra parte, Héctor Cerezo señaló que es importante que el Estado reforme la Ley de Amparo para que se garantice la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en los casos de desaparición forzada. De igual modo, que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada, para combatir efectivamente la impunidad en estos casos.