El Estado mexicano fue sentenciado por la CoIDH como responsable de la tortura y violación sexual perpetrada contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo. A pesar de que la sociedad civil presentó una estrategia de cumplimiento de la sentencia, hasta la fecha la Secretaría de Gobernación no responde como debería.
El 1 de octubre del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias en contra del Estado mexicano, al haberlo encontrado responsable de las violaciones sexuales y la tortura cometida por elementos del Ejército en contra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la “violencia institucional castrense”.
El 25 de octubre, Inés y Valentina, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, presentaron a la Secretaría de Gobernación un plan de trabajo para ordenar el cumplimiento de las sentencias. Esta propuesta consistió en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes: justicia, reconocimiento de responsabilidad, educación y salud, indemnización, capacitación, reformas legislativas, políticas públicas y reparaciones comunitarias.
El 15 de marzo de este año, la Secretaría de Gobernación y otras secretarías de Estado llevaron a cabo un acto protocolario para suscribir este plan y comprometerse a implementarlo. Sin embargo, hasta ahora los avances en el cumplimiento de las sentencias son insignificantes. De hecho, las mesas de Educación, de Salud y de Justicia, que en un inicio habían sido instaladas, ahora se encuentran detenidas y sin ningún avance en concreto.
Cabe señalar que el momento actual es sumamente delicado, pues por un lado, el Gobierno Federal se niega a continuar con el proceso instalado y, por el otro, después de nueve años las investigaciones de los casos de Inés y Valentina han sido remitidas a la jurisdicción civil federal, por lo que ahora es responsabilidad de la Procuraduría General de la República dar resultados concretos a la brevedad posible.
Por este motivo, Tlachinollan ha decidido iniciar una campaña titulada: “Cumplir las sentencias para romper el muro de la impunidad – No más violencia institucional castrense”. ¡Participa en la campaña! Primero, mira el video donde se narra XX; después, firma una carta a Felipe Calderón, Francisco Blake y Marisela Morales para exigir el cumplimiento en tiempo y forma de las sentencias, de acuerdo al plan presentado y acordado previamente. Además, difunde esta estrategia entre tus contactos.