A un año de haber encontrado 72 cuerpos de hombres y mujeres migrantes, las organizaciones denunciaron la falta de investigación y compromiso de parte del gobierno para hacer justicia y reparar el daño. Al mismo tiempo, exigieron que la política migratoria tenga un enfoque de derechos humanos que evite que tragedias similares vuelvan a reproducirse en el país.
El día de ayer, 23 de agosto, se conmemoró el primer aniversario de la masacre de las y los 72 migrantes de origen centro y sudamericano en San Fernando, Tamaulipas. Para este efecto, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que varias organizaciones y defensores de derechos humanos señalaron que no hay ni una sola persona sentenciada por el caso, que los gobiernos de México y Centroamérica continúan siendo omisos al drama de las personas migrantes y que, incluso, comienzan a surgir entre la sociedad mexicana brotes de xenofobia que resultan peligrosos para la protección de la vida y la integridad.
Además, informaron que el pasado 13 de junio solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a las familias de las víctimas, quienes hasta la fecha no han recibido la atención médica, psicológica y económica adecuada por parte de sus respectivos gobiernos. Estas medidas también servirán para que los cuerpos de las víctimas no sean enviados a donde no corresponden y para que se resguarden las evidencias de la investigación. En este sentido, Ana Lorena Delgadillo subrayó que aún existen trece cuerpos que no han podido ser identificados.
En la conferencia, don Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, destacó que la migración es un fenómeno originado por la injusta repartición de la riqueza, por lo que señaló que la tragedia humanitaria de las personas centroamericanas en tránsito por México no se resolverá con los esfuerzos de un solo país. Asimismo, hizo un llamado a la conciencia de la sociedad, de tal forma que se prevengan y eviten los ataques xenófobos contra las personas migrantes.
El padre Alejandro Solalinde, también presente en la conferencia de prensa, lamentó que las manifestaciones de la sociedad en contra de los y las migrantes sean resultado del fracaso del gobierno y de la propia Iglesia Católica, que no ha podido formar seres humanos solidarios. Asimismo, exigió la cancelación del Plan Mérida y la desaparición del Instituto Nacional de Migración.
A un año de la masacre, desde el Centro Prodh reiteramos nuestro repudio a la violencia ejercida en contra de las personas migrantes; asimismo, afirmamos que mientras no existan condiciones de tránsito dignas y que garanticen el derecho a la vida, será muy probable que tragedias como la sucedida en San Fernando vuelvan a ocurrir. Además, recordamos que el secuestro a personas migrantes sigue siendo sistemático y que las muertes violentas de personas migrantes se repiten día a día y de manera cotidiana, por lo que para generar un verdadero cambio, se requiere de una política migratoria integral y con enfoque de derechos humanos.