En un boletín de prensa, la organización Familia Pasta de Conchos expresó su preocupación por la falta de garantías del derecho a la vida y a la seguridad en la zona carbonífera de Coahuila. Señaló que por no haber condiciones de acceso a la justicia en México, continúan luchando por litigar el caso de la Mina Pasta de Conchos en la CIDH. Además, se pronuncian porque el Ejecutivo inicie las labores de rescate en la Mina 8
La organización Familia Pasta de Conchos emitió un comunicado en el que señaló que, luego de 66 meses del siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, se inició un litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya tramitación continua a través de las distintas comunicaciones que se han sostenido entre el Estado mexicano y los peticionarios.
A través de un boletín de prensa, recordaron que el 16 de febrero del 2010 se presentó la petición inicial, a la que luego se le hicieron observaciones, debido a que el Estado argumentó que es un caso en el que la justicia ya ha actuado. De esta forma, evadió el grave hecho de que en la mina permanecen los restos de 63 de los 65 mineros muertos en el 2006 y que, después de cinco años, no se han implementado las medidas suficientes para que no se repitan estos accidentes. Debido a la denegación de justicia, expresan que continuarán luchando por la admisibilidad del caso ante la CIDH, de tal forma que se establezca la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos y de sus familias.
Familia Pasta de Conchos también se pronunció respecto a la muerte del minero Willhen Ernesto López García, de 24 años de edad, quien falleció el día 3 de agosto de este año, debido a que no tuvo garantías de seguridad para llevar a cabo su trabajo. En el pocito donde laboraba están implicadas tres empresas; sin embargo, ninguna reconoce el daño ocasionado. Más bien, se sabe que inmediatamente buscaron un arreglo económico con la familia, de tal forma que la Fiscalía General de Coahuila no pudiera ejercer acción penal, por acuerdo de ambas partes.
Según el comunicado de Familia Pasta de Conchos, la premura de la empresa y de las autoridades por resolver el caso obedece a que se implicaría una vez más a la familia González Garza y sus operadores, responsables también de las recientes muertes de los mineros del Pocito 3, en Sabinas. Estos empresarios han sido omisos a las normativas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues a pesar de que ordenó la restricción de los trabajadores para extraer carbón, los pocitos continúan operando y se emplean, incluso, a menores de edad.
Finalmente, la organización señala que, en contubernio, empresas y gobierno violan el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, al debido proceso y a un futuro digno y, peor aún, no garantizan la no repetición de los graves siniestros sucedidos en la zona carbonífera de Coahuila. Por lo tanto, exigen una respuesta urgente del Poder Ejecutivo para que se inicien cuanto antes las labores de rescate de los cuerpos de la Mina 8 de Pasta de Conchos.