El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra demandó, una vez más, el abuso y la violación a los derechos humanos cometida en contra de los pueblos indígenas de San Francisco Xochicuautla y Huixizilapan, Ayotuxoco, Atarasquillo, Ameyalco, todos del Municipio de Lerma, en el Estado de México. En un boletín de prensa, señalaron que estas comunidades han sido víctimas de intimidación, hostigamiento, represión, afectación y despojo de tierras comunales y ejidales por parte del gobierno estatal, encabezado por Enrique Peña Nieto.
Desde el año 2007, los comuneros y pobladores denunciaron la invasión y destrucción ambiental realizada en forma clandestina al derribar árboles y otras especies por trabajos topográficos de las constructoras de SAASCAEM en el territorio comunal indígena San Francisco Xochicuautla, que en 1980 había sido decretado área natural protegida Santuario del Agua, Rio San Lorenzo del Parque Otomí Mexica. Al no encontrar respuesta en ningún nivel de gobierno, la comunidad decidió reforestar la brecha afectada, motivo que fue suficiente para el inicio de los hostigamientos. A partir de esa fecha, se trata de impedir que en las asambleas comunales se ejerza el derecho a la libertad de expresión, permitiendo la entrada de personal del gobierno y de la constructora.
En este sentido, el domingo 14 de agosto de este año, centenares de policías de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE)se presentaron a la asamblea de comuneros con el objetivo de que coaccionar a la comunidad para que fuera aprobado el mega proyecto de autopista Toluca-Naucalpan. Ante el rotundo no, se decidió invalidar la asamblea. Para el pueblo de San Francisco Xochicuautla, estas injerencias gubernamentales criminalizan la protesta social e, inclusive, han provocado un conflicto social en la comunidad que ha llegado a enfrentar a las propias familias.
Ante esta situación, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra pide la intervención del presidente Felipe Calderón, pero también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que realice las observaciones correspondientes a las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno del Estado de México, la Procuraduría Agraria y la ASE. Asimismo, los comuneros se manifestaron en contra de todas las acciones que criminalizan la protesta social; exigen respeto al derecho a la autonomía en la forma de organización de esta comunidad indígena otomí; y rechazan la intervención de personas ajenas a sus asambleas comunales y a sus usos y costumbres. Finalmente, señalaron que rechazan el proyecto privado de la autopista Toluca – Naucalupan porque daña los recursos naturales, afecta su salud, costumbres y cultura y violenta su armonía y la paz social.