El día 12 de agosto, más de 100 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta abierta a Jesús Orozco Herníquez, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con ella, las organizaciones buscaban llamar su atención sobre los alarmantes acontecimientos que están causando daño directo a las y los defensores de derechos humanos en México; sobre todo, desde el inicio de la “guerra contra las drogas” impulsada por el presidente Felipe Calderón.
En la carta, las organizaciones señalan que, desde 2006 hasta el 2010, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró un total de 165 ataques y agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, de los cuales 98.5% continúan impunes. Manifiestan que, tanto la OACNUDH como otros órganos de Naciones Unidas han documentado el uso del sistema de justicia por parte del aparato estatal para incriminar a las y los defensores de derechos humanos, como una forma de entorpecer y obstaculizar su labor.
Las y los defensores de derechos humanos afirman en su carta que los abusos en su contra no son producto de hechos aislados, sino que ocurren en un contexto de estigma y criminalización por parte de autoridades del más alto nivel, y que son cometidas con la aquiescencia y complicidad de un gran número de autoridades públicas. Ejemplo de ello son las recientes declaraciones del Secretario de Marina Mariano Francisco Saynes Mendoza, quien señaló enfrente del presidente Calderón que “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.
Semanas atrás, el Director General para los Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa expresó su rechazo a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia en la que se estableció que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos en contra de civiles deben ser juzgados por tribunales civiles. El Coronel Aníbal Trujillo Sánchez señaló, sin ninguna base aparente, que son grupos criminales quienes están interponiendo la mayoría de las quejas en contra de las Fuerzas Armadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de desacreditar a las instituciones, pasando por alto la legitimidad de aquellas víctimas de violaciones a sus derechos de interponer una queja.
Por esto, las organizaciones están convencidas de que este tipo de declaraciones exponen a las y los defensores y los colocan en mayor riesgo y vulnerabilidad. Por lo tanto, aquellas organizaciones que han impulsado el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos decidieron suspender el diálogo con la Secretaría de Gobernación hasta que las autoridades reconozcan la legitimidad del trabajo desempeñado por las y los defensores de derechos humanos, tal como ha sido recomendado por distintos organismos de Naciones Unidas, incluyendo la OACNUDH. En este sentido, reiteraron que es urgente que el mecanismo tenga bases sólidas y efectivas y que esté fundamentado en la voluntad y la cooperación mutua.
Ante esta situación, solicitaron al Relator Orozco Herníquez se pronuncie apoyando el trabajo que las y los defensores de derechos humanos realizan en México, particularmente, señalando las recientes declaraciones por parte de las autoridades de alto nivel en contra de la labor desempeñada. Asimismo, le solicitaron la realización de una visita conjunta de las relatorías para Defensores de Derechos Humanos, tanto de las Naciones Unidas como de la CIDH.