El viernes 12 y el sábado 13 de agosto, defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas se reunieron para llevar a cabo su Cuarto Encuentro Nacional, mismo que fue convocado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y el Centro Prodh. En la declaratoria del Encuentro, recordaron que toda persona que en lo individual o colectivo promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en el plano nacional e internacional, es una defensora o defensor de los derechos humanos. Por lo tanto, no importan los antecedentes profesionales o el grado de pertenencia a una organización de la sociedad civil, sino que el método empleado para defender derechos humanos sea compatible con los mismos.
Por otra parte, manifestaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en México. Señalaron que ésta ha sufrido un grave retroceso ante el contexto de violencia imperante en la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Además, se mostraron alarmados con los mensajes incongruentes del Estado con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como la respuesta que ha dado a la Ley de Seguridad Nacional, la militarización, la aplicación del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos, la represión, la impunidad, el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el incumplimiento e ineficaz implementación de las medidas especiales de protección (medidas cautelares y medidas provisionales) ordenadas al Estado Mexicano por Organismos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
Desde su experiencia, defensoras, defensores y periodistas, narraron cómo su labor ha hecho que se encuentren en peligro permanente, al haberse incrementado las amenazas, hostigamientos, actos violentos e, incluso, asesinatos en su contra. Además, expusieron que se enfrentan a campañas de desprestigio, al uso del sistema penal para criminalizar la labor de la defensa y a la falta de derechos laborales fundamentales. Ante esta situación, exigieron al Estado mexicano el cumplimiento de la obligación internacional que tiene en materia de derechos humanos, garantizando la labor de defensores, defensoras y periodistas a través de todas las facultades que posee en sus tres ámbitos de gobierno. Finalmente, señalaron que es importante contar con un mecanismo eficaz y eficiente de protección que tenga un presupuesto para la implementación del mismo y que tenga un procedimiento transparente y de diálogo permanente con la sociedad civil.