Abusos militares, Caso Oaxaca — septiembre 17, 2008 at 12:34 pm

Miércoles 17 de septiembre de 2008

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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el caso de Isabel Almaraz que hoy damos a conocer como una primicia para nuestros lectores, es una muestra de cómo el sistema de justicia es particularmente violento con las personas más desfavorecidas y vulnerables. La exacta contraparte de esta situación es la impunidad e ineficacia por parte de los gobiernos que no sólo no logran detener la violencia, sino que la azuzan poniendo en un peligro aún mayor a la población civil. ¡Ya basta de discursos! La seguridad sólo se alcanza a través de la satisfacción de todos los derechos para todas y todos.

Tras 6 años encarcelada, es sentenciada a 3 meses

por un delito que no cometió

Isabel Almaraz, de la Región Loxicha, sale adelante a pesar de la injusticia.

Oriunda de la Región Loxicha de Oaxaca, con un contexto social difícil, Isabel vio su vida afectada por un sistema de justicia lento e ineficaz. La madrugada del 29 de agosto de 1996 tras un ataque del EPR a instalaciones policíacas y militares en Oaxaca, la región se militarizó. Desde entonces, las comunidades de Loxicha fueron objeto de detenciones arbitrarias, cateos ilegales y muchas otras violaciones a sus derechos humanos.

El caso de Isabel forma parte de este contexto. Ella participó activamente en las protestas y denuncias por dichos abusos. Fue detenida en la capital de Oaxaca en 2002 por el delito de secuestro, el cual no cometió. Después de ser detenida e interrogada de manera irregular vivió una situación sumamente dificil para ella y sus dos hijas pequeñas. Su testimonio es muy descriptivo:

Cuando recién me detuvieron (…) mis mayores preocupaciones eran mis hijas y mi madre que se encontraba en estado de coma y que murió cuatro meses después de mi detención. (…) Cada que preguntaban qué hacía yo encerrada, tenía que aguantarme las ganas de llorar y ser fuerte para no afectarlas más. (…) Es muy difícil vivir presa y más difícil se me hizo sabiendo no había cometido ningún delito. Creo que el gobierno me tuvo presa como una forma de decirles a las mujeres que luchan lo que les puede pasar si continúan luchando, para calmar la lucha de Loxicha. Los indígenas de México somos los más pobres. Vivimos en carne propia la desigualdad, somos discriminados y el gobierno quiere seguir pisoteando nuestros derechos.”

En 2008, tras seis años de proceso en los que estuvo privada de su libertad, Isabel fue sentenciada a tres meses de prisión primordialmente con base en una confesión que le fue arrancada en condiciones irregulares, pese a la insuficiencia de las pruebas. Si bien Isabel ha recuperado su libertad, la sentencia dictada en su contra ha sido ya apelada por su defensa y se estudian las vías pertinentes para exigir la indemnización relativa al tiempo que Isabel permaneció injustamente en prisión. Su caso fue defendido en la última etapa por los centros de DH Bartolomé Carrasco (Barcadh) y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Fiestas empañadas por la violencia

Autoridades incapaces de detenerla a pesar de amenazas previas.

En un clima de creciente violencia y confusión generalizada México vivió las fiestas patrias. Por una parte el viernes 12 de septiembre fueron encontrados con severas huellas de tortura 24 cadáveres en la zona boscosa de La Marquesa. Según versiones oficiales, la búsqueda de los cuerpos se inició tras haber recibido una llamada anónima en la que se informaba a las autoridades sobre la ejecución.

Por otra parte la noche del grito de independencia y después de que habían sido difundidas, vía rumores, amenazas en diversos estados de la República como Yucatán y Tabasco se dieron 2 explosiones en el centro de Morelia.
Los medios han empezado a especular sobre la motivación de los hechos. Mientras La Jornada los atribuye al Cartel del Golfo, Reforma señala que la ejecución de la Marquesa sería obra de La Familia, y el atentado en Morelia sería la respuesta del Cartel del Golfo en una supuesta disputa por la plaza michoacana.