Tomando como marco el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Tlachinollan recuerda que, en México, está pendiente una reforma constitucional que recoja las demandas de estos pueblos y que considere mecanismos de protección de las comunidades indígenas ante quienes buscan ocupar sus territorios bajo los supuestos argumentos de desarrollo y los aparentes beneficios de los megaproyectos.
En este sentido, Tlachinollan explicó que del 2005 al 2010, el gobierno federal ha permitido la concesión de cerca de doscientas mil hectáreas de territorio indígena del estado de Guerrero a empresas mineras para la realización de exploración y explotación de minerales a cielo abierto. Estas acciones se han llevado a cabo sin la obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Por lo tanto, las autoridades han violado tanto la Constitución como los distintos tratados internacionales, pues tal y como lo señala el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas del año 2009, el derecho a la consulta implica un verdadero mecanismo de diálogo intercultural, que posibilite la incidencia real en los procesos de toma de decisiones y la ejecución de proyectos desde las condiciones y valores de los pueblos y comunidades.
Asimismo, Tlachinollan informó que, según las cifras del Consejo Nacional de Población, Guerrero es el estado con más alta marginación del país, en donde uno de cada cuatro habitantes carece de drenaje, uno de cada tres habita en viviendas con piso de tierra, tres de cada diez no tienen agua entubada y más de la mitad vive en hacinamiento. En este estado hay más de seiscientas mil personas indígenas, concentradas casi en un 80% en la región de La Montaña, lugar en el que Tlachinollan realiza su trabajo. En este territorio se encuentran insertos los diecinueve municipios que tienen los estándares más bajos en condiciones de vivienda, energía eléctrica, piso de tierra y falta de sanitario; además, el promedio de escolaridad es de 4.89, es decir, un poco más de 4º de primaria.
Aún a pesar de lo adverso del contexto, los pueblos indígenas continúan luchando por defender sus derechos. El pueblo de La Parota ha ganado un importante juicio en el que se resolvió que la asamblea comunitaria organizada por el gobierno local para aprobar la expropiación de tierras era ilegal, por lo que se ha pedido que se abandone el proyecto. Por otra parte, Valentina Rosendo e Inés Fernández continúan luchando por la reparación del daño y el cumplimiento de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en contra de México por su caso. Asimismo, los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) llevan años soportando una campaña de hostigamiento, intimidación y hasta homicidios, con la que se pretende terminar con la promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones indígenas en el estado de Guerrero.