En octubre del año 2009, Reyes Gustavo Ardón Alfaro, migrante hondureño en situación migratoria irregular, fue detenido por policías ministeriales de la Fiscalía General de Coahuila. Después de ser víctima de tortura física y psicológica, Reyes Gustavo terminó por confesarse culpable de un delito que no cometió. El día de ayer, 8 de agosto, este migrante fue sentenciado a 44 años de prisión, hecho que refleja la crisis del sistema de justicia mexicano, que continúa fabricando culpables y dejando en la impunidad a los verdaderos responsables de los crímenes.
La Casa del Migrante de Saltillo, organización que ha asumido la defensa de Reyes Gustavo, señala que, en el proceso, el juez Adrián González no tomó en cuenta las graves inconsistencias y contradicciones que permearon el caso, demostrando un profundo desconocimiento de las reformas legislativas y de los dictámenes de derechos humanos emitidos por los distintos organismos internacionales. Aún a pesar de la preocupación por los hechos de tortura que le expresaron organizaciones como la Comisión Internacional Contra la Tortura, Amnistía Internacional Sección Londres y la Federación Internacional para la Abolición contra la Tortura (ACAT), el juez Adrián González manifestó no haber encontrado ninguna evidencia para acreditar violación alguna a los derechos humanos. En este sentido, el juez tomó en cuenta únicamente la primera declaración de Reyes Gustavo, es decir, aquella que fue arrancada por el ministerio público bajo tortura, faltando así a las normas que dicta el Código Penal y de Procedimiento del estado de Coahuila. Por otro lado, a pesar de tener todos los elementos para comprobar la tortura de Reyes Gustavo, de ninguna manera inició la investigación procedente en contra de los policías ministeriales.
Ante esta situación, la Casa del Migrante de Saltillo ha manifestado que apelará la sentencia emitida en contra de Reyes Gustavo y que seguirá buscando la justicia, el estado de derecho y la verdad. Asimismo, señalaron que darán un voto de confianza a los magistrados para que, apegados a derecho, analicen el caso y dictaminen la libertad del migrante hondureño.