El día de ayer, la Relatoría sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un boletín de prensa para informar la culminación de su visita a México, misma que comenzó el 25 de julio y que incluyó una gira por la Ciudad de México, Oaxaca e Ixtepec, en Oaxaca, Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas, Tierra Blanca y Veracruz, en Veracruz y Reynosa y San Fernando, en Tamaulipas. En estos lugares, la Relatoría se reunió con autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Durante su visita, el Relator Felipe González reconoció el esfuerzo y trabajo de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes y recordó al Estado la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para ejercer esta labor. Asimismo, expresó su preocupación por la situación de inseguridad y vulnerabilidad que viven las personas migrantes, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales, así como de discriminación.
Sin embargo, el problema del secuestro a personas migrantes fue el que impactó a la Relatoría de especial manera. En el boletín se señala que “La CIDH recibió testimonios de migrantes que fueron testigos de matanzas de decenas de personas durante su cautiverio, así como de migrantes que estuvieron secuestrados junto a varios centenares de personas. La Relatoría escuchó el testimonio de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, así como de esposas, hermanos y hermanas buscando a sus seres queridos. Se recibieron testimonios de violaciones sexuales y violaciones sexuales múltiples durante el período del secuestro. La Relatoría escuchó testimonios coincidentes en cuanto a la existencia de secuestros extorsivos, secuestros con fines de explotación sexual, trata y tráfico de personas. En general, las personas que brindaron estos testimonios a la CIDH indicaron que no han denunciado estas situaciones a las autoridades por temor a sufrir represalias de parte de la delincuencia organizada o de agentes estatales”.
Ante la situación que la Relatoría constató, que cobra la magnitud de una verdadera tragedia humanitaria, la Relatoría de la CIDH recomendó al Estado mexicano garantizar cuanto antes la vida y la integridad personal de las personas migrantes que se encuentren en territorio mexicano; facilitar medios de transporte seguros; garantizar condiciones de seguridad para las y los defensores de derechos humanos de personas migrantes; definir criterios para la implementación de alternativas a la detención por migración irregular; y establecer protocolos de manejo e identificación de cadáveres. Asimismo, recomendó a los países de la región coordinar sus políticas migratorias para asegurar los derechos humanos de todos los habitantes.