El día de ayer, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú dieron a conocer la demanda formal que interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) para que las investigaciones abiertas por violación sexual y tortura perpetuadas en contra de ambas por elementos del Ejército mexicano, sean remitidas al fuero civil.
Tanto ellas como la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa y Tlachinollan, dieron a conocer que dirigieron un escrito a la licenciada Maricela Morales para que a la brevedad pida a su homóloga militar la remisión de las averiguaciones previas relacionadas con sus denuncias. Además, que emitieron un escrito a la propia PGJM en el que, invocando lo resuelto en fecha reciente por la SCJN, exigen que la investigación sea remitida de manera inmediata al fuero civil. Asimismo, reiteraron la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace más de ocho meses, ordenó al Estado mexicano trasladar las investigaciones a la PGR.
La iniciativa de Inés y Valentina fue suscrita por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentran la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Organización para el Futuro Mixteco(OFPM), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Gro.), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT, conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), ARTICULO XIX y Amnistía Internacional (AI), quienes denunciaron que si el fuero militar sigue haciéndose responsable de las investigaciones, será muestra de que el Ejecutivo estará eludiendo su responsabilidad internacional y la responsabilidad emanada por el dictamen de la SCJN.