- Solicitamos medidas efectivas y urgentes de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos
- “Si no callan le matamos (…)”
El día de ayer, Amnistía Internacional emitió una acción urgente para solicitar al Estado mexicano protección efectiva para Cuahutémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel, dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me´pha (OPIM) y para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), quienes recibieron amenazas en contra de su vida y su integridad física y psicológica.En el mensaje, les advirtieron que dejaran de presionar al gobierno mexicano para que de cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas que sufrieron violación sexual por parte de militares en el año 2002: “Nunca dejamo libre aunque pidan protección al gobierno (…) si no callan le matamos (…)”.
Cabe señalar que en abril del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas precautorias para 107 defensores y defensoras de derechos humanos de la OPIM y de Tlachinollan; sin embargo, hasta la fecha el Estado mexicano no ha asumido la responsabilidad de otorgar verdaderas garantías de seguridad. La falta de una estrategia de protección ha traído como consecuencia hostigamientos constantes; la semana pasada, miembros de estas organizaciones fueron sometidos a registros agresivos e intimidatorios por parte de elementos del Ejército mexicano.
- Ante esta situación, desde el Centro Prodh expresamos nuestra preocupación por los hechos sucedidos y respaldamos la petición de Amnistía Internacional. Por lo cual, solicitamos:
- Medidas inmediatas y eficaces de protección a los defensores y defensoras de la Organización del Pueblo Indígena Me´pha y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
- Una investigación efectiva de los actos de hostigamiento y amenazas sufridas por los miembros de estas organizaciones
- Que el gobierno mexicano cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, lo cual implica trasladar de la jurisdicción militar a la civil la investigación del delito de violación sexual cometido por los militares