Ciudad de México, 02 de febrero de 2022. Durante la próxima sesión de 9 de febrero de 2022, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán y votarán el amparo directo en revisión 2359/2020, referente al caso de José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, antiguos integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, quienes fueron privados de su libertad tras haber ejercido su derecho a la autonomía.
José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, dos miembros del concejo indígena y un activista de Nahuatzen, fueron encarcelados desde noviembre de 2018. Fueron detenidos por unos sucesos ocurridos el 1 de noviembre de 2018, cuando se produjeron enfrentamientos en Nahuatzen a causa del desalojo del Ayuntamiento. Los comuneros aseguran que aquel día se encontraban en una reunión de trabajo en Pátzcuaro, ubicado a 49 kilómetros de Nahuatzen.
Nahuatzen se declaró municipio autónomo en 2015 debido a que los habitantes decidieron tomar sus instituciones en sus manos debido a un incremento de la presencia del crimen organizado vinculado a las autoridades políticas. El 23 de junio de 2019 el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió la causa 021/2019 y dio la razón a los partidarios de que Nahuatzen se rija a través del Consejo Ciudadano Indígena.
Organizaciones acompañantes de las y los comuneros han señalado diversas irregularidades a los estándares regionales en materia de debido proceso, como el tiempo excesivo de su desahogo, por lo que exhortaron a las y los ministros a considerar las violaciones de DDHH cometidas durante el proceso penal en el que se condenó a José Antonio y José Luis por el delito de sabotaje, sin tener en cuenta un adecuado enfoque intercultural y su calidad jurídica de autoridades tradicionales del gobierno de su comunidad.
A lo largo del proceso, se han formulado diversas denuncias ante la SCJN en relación con la detención arbitraria, con malos tratos y tortura, en represalia por la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas de su comunidad en el estado de Michoacán; así como del hostigamiento judicial del que han sido objeto. A ello se han sumado organismos internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, resaltandoque las violaciones reclamadas conllevan afectaciones a los derechos humanos con base en los más altos estándares internacionales.
A más de tres años de la privación arbitraria de la libertad de José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, y a más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera su caso, organizaciones acompañantes llamaron a las y los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y al Ministro Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, a realizar el adecuado estudio del caso.
«En un contexto en el que, las personas que dedican su vida a la defensa de sus comunidades y el medio ambiente son criminalizadas, amenazadas y violentadas, nos resulta preocupante que la máxima autoridad jurídica en nuestro país tolere la privación de la libertad de nuestros compañeros, por lo que confiamos en la toma de una decisión justa para quienes defienden sus territorios», señalaron las organizaciones.