Ciudad de México, 21 de enero de 2022. Adán, Marvin, Iván, Osmar, Ribaldo, Anderson, Dora, Paola, Elfego, Edgar, Madelyn, Rubelsy, Bramdon, Santa Cristina, Leyda y Feliciano salieron de Guatemala días antes de la Masacre de Camargo, el 22 de enero de 2021. Su objetivo era llegar a Estados Unidos, para buscar transformar la realidad de sus hijas, hijos, madres y padres en una zona en la que 9 de cada 10 personas viven en pobreza, en municipios que encabezan las estadísticas de muertes de niñas y niños por desnutrición en Guatemala. Arriesgaron todo para cambiar el futuro de sus seres queridos y en el intento fueron perseguidos y asesinados.
365 días han pasado desde el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, sin que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas haya esclarecido cabalmente estos crímenes, pese a la detención e imputación de varios policías, y sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya actuado para desarticular las redes criminales detrás de estos hechos.
365 días sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño.
365 días sin saber si esos 12 policías estatales detenidos son los únicos culpables o si hay más servidores públicos involucrados en la masacre.
En Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cinco de las masacres ocurridas en los últimos años en México en contra de personas migrantes, sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy.
Esta falta de investigación y acciones diligentes han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces como los de 72 de personas migrantes de San Fernando (2010); el hallazgo de Fosas Clandestinas con los restos de 195 personas (2011); el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta (en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, 2012); la ejecución de 13 personas migrantes en Güemez (2014) y ahora Camargo.
En los últimos años, los homicidios en Tamaulipas se sextuplicaron, al pasar de 193 en 2007 a 1,145 entre enero y noviembre de 2021, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
La masacre
En el caso de la Masacre de Camargo, el hallazgo de los cuerpos fue hecho por policías estatales el 23 de enero de 2021 (los hechos habrían ocurrido un día antes), con base en un reporte ciudadano, según lo manifestado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Días después, el 2 de febrero, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que se había detenido a 12 policías estatales; 10 de ellos ex integrantes del grupo especial denominado GOPES (Grupo de Operaciones Especiales, un grupo vinculado a asesinatos de personas civiles en el 2019 y 2020, de acuerdo a investigaciones periodísticas.
Finalmente, después de una lucha jurídica, la Fundación para la Justicia (FJEDD) y otras organizaciones lograron que la Unidad de Migrantes de la FGR abriera investigación sobre hechos de su competencia en marzo de ese año. Sin embargo, con mucho pesar, vemos que algunas de las violaciones e irregularidades cometidas en masacres anteriores, se repiten en el caso de la masacre de Camargo, entre las que se destacan: investigaciones fraccionadas entre el fuero local y federal, lo que abona a la impunidad y a no mirar el caso en su integralidad; sin lógica de macrocriminalidad transnacional, que lleve a la articulación entre las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos; no considerar el contexto en el que se han dado las otras masacres; no integrar a las víctimas al proceso, esto a pesar de que se cuenta con un mecanismo especializado para ello (el Mecanismo de Apoyo Exterior liderado por FGR); no investigar de manera efectiva a los agentes del estado involucrados, incluyendo a integrantes del Instituto Nacional de Migración; las víctimas no han recibido un apoyo integral por parte, ni de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) ni de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas.
En México, 9 de cada 10 delitos quedan impunes, mientras que las víctimas y sus familias luchan en la oscuridad por alcanzar la justicia por años. Para evitar que este crimen atroz corra con el mismo destino, urgimos a las autoridades a dar los siguientes pasos:
- A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a la Fiscalía General de la República: que se investigue la masacre bajo un enfoque de macrocriminalidad, es decir, que no se fraccione la investigación y para ello deberán de acumularse las investigaciones del caso (local y federal), cuyo objetivo sea esclarecer los hechos, la responsabilidad de todos los actores estatales o no y a todos los niveles, así como la intervención del personal del Instituto Nacional de Migración.
- A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas: integrar de manera efectiva en la investigación a las víctimas e informarlas constantemente sobre los avances.
- A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas: que emita un dictamen sobre la reparación integral del daño a favor de cada uno de los familiares de las víctimas.
- A la Comisión Nacional de Derechos HUmanos (CNDH): emitir una Recomendación en relación con la queja CNDH/5/2021/593/Q, a las diversas autoridades involucradas por las graves violaciones a derechos humanos que cometieron, así como que apremie a la CEAV de Tamaulipas, que de forma imperiosa lleve a cabo la reparación del daño integral en favor de las familias.
- A la República de Guatemala, país de origen de las víctimas: mantener el monitoreo de protección a derechos a sus conciudadanos, a las familias que exigen justicia y verdad, desde una visión de acceso a la justicia transnacional y de cooperación entre Estados.
Para evitar que tragedias de esta magnitud sigan ocurriendo, es indispensable que las autoridades esclarezcan con prontitud y certeza lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia.
Además, como una garantía de no repetición, es urgente que el Gobierno federal dé un giro a su política migratoria actual pues ha orillado a las personas migrantes a buscar métodos y rutas más peligrosos; que fomenta que el crimen organizado y autoridades coludidas realicen actividades ilegales, aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de las personas migrantes, y que no protege ni respeta los derechos humanos.
Reiteramos nuestra solidaridad con las familias de las personas fallecidas, a quienes acompañamos en este difícil camino de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.