Ciudad de México, 13 de enero de 2022. Organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconozca que la Ley Minera viola derechos de los pueblos indígenas.
El próximo 19 de enero de 2022, la Primera Sala de la SCJN analizará si la Ley Minera viola los derechos de los pueblos indígenas y de los ejidos, a petición de Tecoltemi, comunidad nahua y ejido, que interpuso en 2015 un juicio de amparo contra la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden Minerals, que pretende instalar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.
En la demanda, Tecoltemi pidió a la Justicia Federal –con el acompañamiento jurídico del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar– cancelar las concesiones otorgadas sobre su territorio, sin consulta y sin consentimiento.
Además, la comunidad exigió revisar la Ley Minera, la cual viola derechos de las comunidades indígenas y ejidos. En particular: el Artículo 6º, que determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra; el Artículo 19 dispone que por tener una concesión minera se otorga el derecho a su titular para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como para aprovechar las aguas para las actividades mineras, e incluso para actividades más allá de la minera; y el Artículo 15, que fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual; es decir, la Ley Minera pone a las comunidades, su vida, tierras y territorios a disposición de las empresas mineras hasta por 100 años.
«Hoy, la Suprema Corte tiene en sus manos una oportunidad histórica. Firma esta petición para que se atienda la demanda de justicia de Tecoltemi y se declare inconstitucional e inconvencional la Ley Minera que da preferencia a la minería –que devasta el medio ambiente, el agua y la salud de las personas– por encima de cualquier otro uso del territorio. Es fundamental que se garanticen la vida y los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios. ¡La lucha es por la vida!», finalizaron las organizaciones.