Ciudad de México, 12 de enero de 2022. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que, tras un ataque a la comunidad de Aldama, en Chiapas, un comunero tsotsil perdió la vida, por lo que llamó a implementar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Representantes de los comuneros reportaron el pasado 10 de enero nuevas agresiones armadas provenientes de diversos puntos del sector de Santa Martha, provocados por un grupo armado. Uno de los proyectiles que provinieron del punto Chalontic, hacia las 11.30 horas, impactó a la altura de la costilla de Lorenzo Gómez Ruíz mientras se dirigía de regreso a su comunidad Juxton, luego de haber estado en la cabecera municipal de Aldama.
Por la gravedad de la herida fue trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, en donde falleció. Mientras tanto, Javier Hernández de la Torre, tsotsil de 32 años, Base de Apoyo Zapatista, se recupera en el Hospital de Las Culturas por una herida de arma de fuego recibida el 9 de enero.
«El Frayba reitera su preocupación por las constantes agresiones armadas que vive la población y que tiene el registro que del viernes 07 de enero de 2022 al 10 de enero, hasta las 15.30 hrs., que habitantes de las comunidades de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y Cabecera del municipio de Aldama, Chiapas han recibido 49 ataques de armas de fuego», denunció el centro de derechos humanos.
Las y los habitantes de Aldama han denunciado que el origen de las agresiones armadas que reciben radica en un conflicto debido a que se les despojó de 60 hectáreas de sus tierras ancestrales para entregárselas a otra comunidad, de donde proviene el grupo armado. Desde 2016, se han acentuado los ataques armados contra los comuneros de Aldama.
EL Frayba urgió al Estado mexicano a que realice acciones que garanticen el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18) con la finalidad de parar la violencia hacia la población.