Ciudad de México, 07 de diciembre de 2021. Víctimas de delitos en Guanajuato denunciaron malas prácticas, violaciones al debido proceso e inacción de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, encabezada desde hace 12 años por Carlos Zamarripa, y denunciaron que en el estado hay un cerco mediático del gobierno.
Laura Elena Díaz Infante denunció que, en noviembre de 2015, su esposo, Jorge González Topete, fue asesinado y el hecho se hizo pasar como suicidio. Entre las irregularidades, Díaz Infante mencionó que las autoridades se apresuraron a solicitar el permiso de un familiar (un sobrino que entonces tenía 20 años) para que el cuerpo fuese incinerado.
Luego, a partir de peritajes que ella pagó, se reveló que en las toallas del hotel había ADN de al menos cuatro personas, que el croquis del lugar de los hechos faltaba a la verdad y que el cóctel con el que supuestamente se suicidó había sido introducido después de su muerte, además de que desde su teléfono se realizó una llamada cuando ya había fallecido. Además , la fiscalía guanajuatense nunca pidió las grabaciones de seguridad del hotel y llegó a informar que la averiguación se había perdido.
Díaz Infante demandó a la fiscalía por reparación de daño integral y moral, «pero el procedimiento se sigue en la misma fiscalía. Lleva casi dos años y no se ha resuelto”.
Norma Patricia Barrón Núñez también tuvo que realizar sus propias investigaciones para tratar de encontrar a su hijo y a su esposo, secuestrados en Irapuato en junio de 2019. Pagó un rescate de un millón de pesos, localizó el vehículo que usaron los plagiarios, dio a la autoridad sus nombres y apodos.
Aunque hay detenidos, no se ha dictado sentencia y el proceso ha estado marcado por la revictimización de la señora Barrón: pues a los imputados los llevan como testigos y los ponen frente a las víctimas para amedrentarlas.
Por su parte, María José Velázquez relató la violación que sufrió en 2017 por el diputado panista Jorge Alberto Romero Vázquez, quien entonces se desempeñaba como funcionario del gobierno estatal. Sin embargo, su denuncia no ha avanzado y el diputado Romero fue liberado por una acusación anterior luego de que la fiscalía estatal reclasificó el delito de violación espuria a abuso sexual.
*Información de La Jornada