Ciudad de México, 29 de noviembre de 2021. Al concluir su visita al país, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas reconoció que las desapariciones en México siguen siendo generalizadas y ocurren en la impunidad casi absoluta.
El Comité visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sostuvo 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas.
El CED reconoció avances, como el reconocimiento de la competencia del Comité para examinar quejas individuales y otros avances legislativos e institucionales.
«No obstante, lo anterior, lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, [imperan] la impunidad y la revictimización. Si bien las autoridades nos han informado de una reducción del número de registros de personas desaparecidas, no podemos obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se trata solo de las víctimas, pues la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera», dijeron.
El Comité dijo que recibió información preocupante, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado.
«Además, observamos con preocupación que varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación», agregaron.
En este sentido destacaron que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia. Al mismo tiempo, el esfuerzo por mantener actualizado el referido registro permite acercarnos a la real dimensión del problema de las desapariciones en México.
El Comité señaló que la falta de coordinación entre autoridades y las limitadas atribuciones de las Comisiones de Búsqueda Nacional y Estatales dificultan la búsqueda en vida de las personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en los lugares de hallazgo, entre otras diligencias.
«La búsqueda en vida es una tarea prioritaria. Existen varios protocolos de actuación, en particular el Protocolo Homologado de Búsqueda. Dicho protocolo es un instrumento modélico, pero su efectividad todavía requiere de su debida implementación. Por ello, quisiéramos resaltar la importancia de aunar todos los esfuerzos para utilizar adecuadamente las herramientas que proporciona dicho protocolo, instrumento fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas», dijeron.
«En estas dos semanas, las personas con las que conversamos nos transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades. Nos han señalado que día a día en su búsqueda de respuestas y justicia, son víctimas de la indiferencia y la falta de avances. Nos han expresado con vehemencia su dolor y que las personas desaparecidas no son números, sino seres humanos. La búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el develamiento de la verdad y la reparación integral no siempre constituyen una prioridad para algunas de las autoridades.Cada uno de estos casos es un drama humano indescriptible. Sus dimensiones son tales que están dejando huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto», mencionaron en la conferencia de prensa.
Frente a esta realidad, aseguraron, no se han atendido las causas profundas de las desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado, y debe lucharse contra la impunidad de manera impostergable.
Entre las causas de la impunidad señalaron: la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las Fiscalías, como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas; un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado.
Además, varios factores dificultan el acceso a la justicia: la limitada asistencia jurídica brindada a las víctimas para impulsar sus procesos; los obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio, a los que se enfrentan grupos de la población, tales como las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas LGTBI+; la frecuente inaplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento interno, tales como el amparo buscador, que por su propósito y naturaleza deberían ser sencillos y accesibles para cualquier persona.
A ello se suma la actitud muchas veces pasiva de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público.
Lo anterior se traduce en una notable falta de confianza de las víctimas. Durante la visita, muchas de ellas expresaron su frustración por muy diversas causas, incluyendo: la demora y la falta de resultados en las investigaciones; la fragmentación y la insuficiente articulación entre las entidades de búsqueda e investigación; la negativa de algunas autoridades a la hora de proporcionar información; la falta de seguimiento a los requerimientos y disposiciones que se emiten en el marco de las investigaciones; la frecuente omisión de estándares de debida diligencia aplicables en este tipo de casos, como la búsqueda inmediata, el enfoque diferenciado y el análisis de contexto; la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
«Además, esta falta de confianza se ve acrecentada por la ínfima cifra de acusaciones formuladas, ordenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición forzada, y por el efecto alentador que, para los perpetradores, tiene la impunidad. Por otra parte, nos preocupa el riesgo para quienes se involucran en los esfuerzos de búsqueda y de justicia, no solo las víctimas y sus defensores, sino también los funcionarios, máxime cuando los mecanismos de protección existentes tienen una eficacia limitada. Desafortunadamente, esta situación ha sido evidenciada con el asesinato de varias personas buscadoras y la desaparición de una. A ello se añaden los altos índices de violencia de la delincuencia organizada, asistida en muchas ocasiones, de acuerdo con la información proporcionada, por fuerzas de seguridad del Estado», señalaron.
También son de `preocupación del CED los estereotipos y la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familiares, utilizados frecuentemente como excusa para “justificar” la deficiente actuación estatal. Todo ello genera un efecto inhibidor y una cultura de no denuncia por el temor a represalias, lo que contribuye a invisibilizar muchas desapariciones.
«Los avances en materia forense se ven oscurecidos por una grave crisis, cuya más cruda demostración son las más de 52,000 personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega, solo agravan esta situación. Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la respuesta a todos estos factores es urgente, tanto para los casos que iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente.
Es necesario también romper el ciclo de revictimización: desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados, y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia. El grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata»; señalaron.
EL CED reconoció ampliamente el papel de las familias en búsqueda.
El informe de la visita será discutido y adoptado por el pleno del Comité durante su 22° Periodo de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022.