Ciudad de México, 11 de noviembre de 2021. Un nuevo informe publicado por el CIEDH, Greenpeace, GI-ESCR, PODER, CEMDA y una coalición de 26 organizaciones adherentes arrojó luz sobre las decisiones de política energética del Gobierno de México tomadas durante los últimos dos años y concluye que el Estado mexicano ha abandonado progresivamente el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y asegurar una transición energética justa. De acuerdo con el documento, la situación actual corre el riesgo de causar y emperorar violaciones de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y los derechos de las personas trabajadoras.
Las organizaciones señalaron que a pesar de haber comprometido en el año 2015 que 43% de la energía generada para 2030 sería limpia, el Estado mexicano ha avanzado poco desde entonces. Además, en lugar de avanzar en la acción climática, México redujo su ambición de metas de mitigación, apostando por un modelo energético que prioriza la producción y uso de combustibles fósiles y contraviniendo el principio de progresividad del Acuerdo de París y sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Las y los activistas indicaron que la mayoría de los instrumentos regulatorios y de política pública en materia energética se aprobaron de manera expedita sin información suficiente, ni mecanismos de consulta y participación adecuados, violando el derecho a la libre determinación y otros derechos de los pueblos y comunidades indígenas e incumpliendo los derechos protegidos por el Acuerdo de Escazú ratificado por México.
También criticaron que, incluso en el desarrollo de la industria de energía renovable, los abusos persisten: México es el segundo país de América Latina (sólo detrás de Honduras) con el mayor porcentaje de abusos (27%) relacionados con el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a defender los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en proyectos de energía renovable.
Por ello, consideraron que el gobierno debe normar sobre el deber de debida diligencia en derechos humanos y medioambiente para la ejecución de proyectos de energía renovable para evitar que se replique la violencia social y ambiental que ha caracterizado al sector de los combustibles fósiles.
Las organizaciones recordaron que el sector energético es el que más contribuye al cambio climático, con 71% del total de las emisiones de GEI del país, según el último Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) de 2018. Asimismo, México generó 1.4% de las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles en 2016, y es el duodécimo país con mayores emisiones del mundo. Más aun, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encuentra en el noveno lugar de las empresas que más contaminan en el planeta.
«El tiempo se agota y es apremiante aplicar medidas para fortalecer la transparencia climática y asegurar una transición energética justa acorde con la emergencia climática que respete los derechos humanos. Este nuevo informe destaca los retos principales para la protección de los derechos humanos y dispone recomendaciones urgentes para que el Estado mexicano pueda atender la emergencia climática y avanzar en la transición energética justa», finalizaron.