Ciudad de México, 10 de noviembre de 2021. Organizaciones indígenas de varios estados presentaron una propuesta de modificaciones a la iniciativa de Reforma Constitucional en materia de energía eléctrica presentada por Presidencia el pasado 30 de septiembre.
Las organizaciones proponen diversos puntos:
- La protección y respeto de los derechos territoriales y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y de núcleos agrarios (ejidos y bienes comunales), para evitar que continúe el despojo por parte de empresas privadas de energía y de Derechos reconocidos en la Constitución de losEstados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT.
- El derecho a la generación de energía renovable por los pueblos y comunidades, núcleos agrarios y comunidadesurbanas marginadas que así lo decidan. Demandamos un marco legal que respalde y fomente los proyectos de estossectores que tengan fines sociales, de dos tipos: autoabasto de electricidad, y venta energía a la red pública para darsustento a planes de vida colectivos.
- La inclusión explícita del derecho humano a la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y decalidad para uso doméstico. Esta es una demanda histórica de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas y otros procesos
- La prohibición del fracking (tecnologías para extraer petróleo y gas inyectando al subsuelo químicos tóxicos disueltos en agua para fracturar la tierra). El discurso oficial es que el fracking ya está prohibido, pero sigue habiendo fracking en México. Esta demanda proviene de comunidades y organizaciones en regiones afectadas o amenazadas por el
Mario Castillo Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, Oaxaca), señaló que con esta iniciativa, «exigimos se respeten nuestros derechos como lo es la Libre Determinación. En ese sentido de respeto, exigimos ser participes en el sector energético que desde hace décadas nos ha violentado con los despojos de nuestros bienes naturales y territorios.”
Por su parte, Ofelio Julián Hernández, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual AltepetTajpianij, agregó que “la iniciativa de Reforma Constitucional, en su redacción actual, parte de un diagnóstico incompleto, según el cual todos los problemas se resolverán dando más poder a CFE. Desafortunadamente, muchos pueblos como el pueblo maseual de la sierra nororiental de Puebla hemos vivido violencia y criminalización por parte de CFE cuando defendemos nuestros territorios frente a sus proyectos. La experiencia de los pueblos de Cuetzalan, Morelos, Nayarit y muchas otras regiones muestran la importancia de que la Reforma incluya de forma explícita la protección integral de las tierras indígenas y respeto al derecho colectivo ala propiedad territorial indígena y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanasy equiparables, y de ejidos y bienes comunales.”
Beatriz Garrido Vallejos, de la comunidad maya de Ixil (Yucatán), subrayó la importancia de combatir elcambio climático que golpea con especial dureza a comunidades indígenas, campesinas y pescadoras.
Leticia Esteban, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij, hizo énfasis en la creatividad y el potencial de los pueblos y comunidades para gestionar diversas fuentes de energía de forma sustentable y equitativa. Juan Rodríguez Cabrera, comunero de Ciudad Ixtepec (Istmo de Tehuantepec, Oaxaca), agregó que “estamos de acuerdo en quitarles privilegios a las empresas privadas, y en que se modifique en profundidad, con un sentido social, la regulación de un sector tan importante en este contexto de crisis climática. Pero las nuevas leyes deben integrar a las comunidades y organizaciones como actores centrales, junto con CFE.”
Rogel del Rosal Valladares, de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), agregó que “la Reforma es también una oportunidad para prohibir la fracturación hidráulica, conocida como fracking. Las comunidades y organizaciones de la Huasteca Potosina y de otras regiones afectadas o codiciadas por la industria del fracking demandamos que esta Reforma Constitucional nos libre de esta amenaza. También queremos que ponga las bases para eliminar lo antes posible el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Para las comunidades náhuatl, tenek y xi’oi es muy importante que se cierre la mayor planta de ciclo combinado de América Latina propiedad de Iberdrola ubicada en nuestro territorio”.
Feliciano Cervantes Alváñez, comunero de El Mayor Cucapá y Presidente del Concejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California (CERPI-BC), agregó que “los pueblos indígenas tenemos una relación muy estrecha con la naturaleza y la hemos utilizado de forma sostenible, pero los intereses privados y las acciones de los gobiernos están destruyendo la base de nuestra vida. Ya es hora de terminar con este abuso. En el nuevo modelo energético, el Estado debe reconocer y resarcir su deuda histórica con pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas, y con comunidades urbanas marginadas, alimentadas por el éxodo rural que provoca la falta de oportunidades en el campo.”
Flavio Ayuso López, de la Fundación Yansa y representante legal de varias comunidades mayas, afirmó: “La propuesta que hoy se presenta establece las bases de un marco regulatorio específico para iniciativas energéticas que no persigan el lucro individual sino el cumplimiento de fines sociales colectivos, y que sean gestadas y lideradas por núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables, o comunidades urbanas en estado de vulnerabilidad.”