Ciudad de México, 09 de noviembre de 2021. Ante el anuncio de la aprehensión y vinculación a proceso en contra de una persona acusada de intervenir en la utilización ilegal del spyware Pegasus contra una reconocida periodista en México, las organizaciones acompañantes llamaron a que este hecho sea un primer paso para esclarecer otros casos de abuso de la herramienta.
Se presume que el imputado tuvo acceso a Pegasus como integrante de una de las empresas intermediarias de NSO Group en México. La información disponible indica que lo habría utilizado para intervenir las comunicaciones privadas de un número indeterminado de víctimas a petición y en beneficio de instancias públicas y privadas, que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con las organizaciones, la persona vinculada a proceso es pieza clave en la trama para entender el uso ilegal del software Pegasus en México, tanto en el ámbito público como privado. Las investigaciones periodísticas de Aristegui Noticias y Proceso (como parte de “The Pegasus Project”), así como las realizadas por autoridades, dan cuenta de la existencia de una red de empresas relacionadas con el empresario Uri Emanuelle “A”, proveedor principal del malware en México.
ARTICLE 19,R3D, Social TIC y el Centro Prodh recordaron que Pegasus es una herramienta que «como pocas destruye los límites más elementales de la privacidad, intimidad y derechos fundamentales de los ciudadanos. Destruye también el andamiaje de protección que cualquier democracia debe garantizar a las personas e instituciones». Insistieron en que el ciberespionaje se trata de una violación sistemática a los derechos humanos de ciudadanos, entre los cuales se encuentran periodistas, activistas y actores políticos a nivel internacional.
«Hoy se sabe con toda claridad que la utilización de Pegasus a nivel internacional se dio de forma masiva y que México fue el primer comprador en el mundo, el principal usuario y el país en donde, todo indica, se utilizó como en ningún otro de forma masiva e ilegal desde las más altas instancias de poder, tanto público como privado», consideraron las organizaciones.
Las y los defensores dijeron que este primer paso hacia la justicia no habría sido posible sin la determinación de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción, que en condiciones adversas acudieron a denunciar en 2017. «Tampoco habría sido posible sin el trabajo de la FEADLE, que a últimas fechas se dinamizó en el caso», reconocieron.