Ciudad de México, 26 de octubre de 2021. Organizaciones, redes y colectivos de México y Centroamérica lanzaron la campaña #ProtecciónNoContención, llamando al Estado mexicano -en particular al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional (GN)- a poner fin a la represión, contención y deportación de personas con necesidades de protección, y a garantizar su derecho a solicitar asilo o regularizar su situación migratoria, conforme a la legislación nacional e internacional.
«México tiene un marco legal amplio que permite a las personas regularizar su situación migratoria por razones humanitarias, residencia temporal o por reunificación familiar, además del derecho a solicitar asilo; no hacerlo es incumplir con su marco jurídico y sus obligaciones internacionales. En los últimos tres años, el gobierno mexicano ha participado con el gobierno estadounidense en acciones para limitar la protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo, externalizando la frontera de Estados Unidos, militarizando la política migratoria mexicana y criminalizando a las personas que buscan protección», señalaron las organizaciones.
En marzo de 2020, el gobierno mexicano aceptó participar en la política de expulsiones bajo el Título 42, comprometiéndose a recibir a 100 personas provenientes de Centroamérica diariamente -con excepción de aquellas vulnerables a la COVID-19, como mujeres embarazadas y niñez-. En agosto de 2021 comenzaron a registrarse vuelos desde los Estados Unidos hacia Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, con personas expulsadas desde territorio estadounidense, quienes son trasladadas a la frontera con Guatemala, vía terrestre, por agentes del INM y la Guardia Nacional, sin que se les proporcione información sobre su derecho a solicitar asilo en México. La mayoría de esta población es expulsada por puntos ciegos en la frontera con Guatemala a altas horas de la noche.
A esta acción se han sumado las deportaciones que lleva a cabo el INM desde estaciones migratorias del centro y norte del país, incluso de personas con estancias por razones humanitarias o que han sido reconocidas como refugiadas en México.
«La falta de respuestas de las autoridades migratorias y de asilo en México ha dejado en un limbo a las personas migrantes en Tapachula, principalmente provenientes de Haití, Venezuela y Centroamérica, quienes han permanecido en ese lugar por más de 1 año sin oportunidades laborales, acceso a salud y educación. Cuando las personas han buscado salir de Tapachula en busca de oportunidades de trabajo y condiciones mínimas para una vida digna, han sido violentamente reprimidas y detenidas por agentes del INM y la Guardia Nacional», señalaron.
Explicaron que las personas se ven forzadas a salir de sus países porque en ellos no hay condiciones que les permitan construir una vida digna, pues la represión, inseguridad, pobreza, inestabilidad política, violaciones masivas de derechos humanos, persecución por bandas del crimen organizado, violencia en razón de género y desastres naturales han obligado a las personas a desplazarse.
«Seguir construyendo políticas migratorias fincadas en la detención y deportación está destinado al fracaso, necesitamos políticas que respondan a las necesidades de protección y condiciones de vida digna de las personas, y México tiene la capacidad de construirlas», consideraron.
Adelantaron que estas graves violaciones a los derechos humanos en contra de las personas migrantes se denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este martes 26 de octubre en la Audiencia “Protección de personas en movilidad humana en Estados Unidos, México y Norte de Centroamérica”. Esta se transmitirá en vivo en los canales de la CIDH a las 3:00pm.