Ciudad de México, 22 de octubre de 2021. Comunidades y organizaciones rechazaron la supuesta elaboración de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) pagada y anunciada ayer por la Minera Gorrión S.A. de C.V., subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reiteraron que el proyecto Ixtaca es rechazado por las comunidades, no cuenta con autorización ambiental del gobierno y es inútil que insistan en su realización.
«La única y válida Evaluación de Impacto en Derechos Humanos es aquella que es liderada por las comunidades. Dicho análisis lo realizamos a lo largo de cuatro años y lo presentamos en 2017, tras un proceso participativo, transparente y, sobre todo, dirigido por las personas afectadas en las comunidades. Esta EIDH la entregamos a parlamentarios y aliadas canadienses en 2017″, señalaron.
Las y los defensores ambientales reiteraron que la EIDH que presentaron identificó impactos negativos a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración. Además, encontró potenciales riesgos de desplazamiento forzado y la falta de cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo en relación a obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades afectadas. Es por eso, entre otras razones, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó a finales del año pasado la solicitud de permiso de la minera para iniciar la fase de explotación.
Señalaron que llama la atención que la empresa, con antecedentes de violaciones a derechos humanos y de informar con imprecisiones a sus inversionistas, se refiera en su comunicación a que en el supuesto proceso se “involucrará” a diversos actores, entre ellos a comunidades indígenas, cuya existencia negaron cuando presentaron su Manifestación de Impacto Ambiental en 2020.
Advirtieron que una EIDH elaborada por la empresa no puede tener un “comité independiente” si es financiado por la misma empresa y tampoco si sus empleados participan en él. «No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades», afirmaron. Cuestionaron por qué la empresa no recibió al equipo implementador de la EIDH ni quiso comentar la EIDH que realizaron en 2017.» ¿Darán a conocer los resultados de la supuesta Evaluación de Impactos Sociales (Evis) que realizaron y prefirieron mantener ocultos?», lanzaron.
Las comunidades también señalaron que de ninguna manera aceptarán “compensación” alguna por las violaciones a los derechos humanos que se cometerían, como lo señaló la empresa en su comunicación pública.
«Reiteramos que nuestros derechos humanos no son negociables ni tienen precio. Así se lo haremos saber a las y los inversionistas cuando les entreguemos a la brevedad y nuevamente la única, válida e independiente EIDH liderada por las afectadas y afectados por el proyecto Ixtaca. No cuentan con el permiso de las autoridades por más Manifestaciones de Impacto Ambiental que presenten ni mucho menos con nuestro consentimiento», finalizaron.