Ciudad de México, 13 de octubre de 2021. Una jueza federal admitió a trámite una demanda de amparo que cuestiona la toma del control operativo de la Guardia Nacional (GN) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acordada mediante un oficio del 8 de octubre de 2020.
El Centro Prodh, promovente del amparo, explicó que inició ese recurso legal «porque la militarización de la seguridad supone riesgos para los derechos humanos, pero además porque la CDMX ha sido siempre una ciudad de libertades. No hay ningún diagnóstico que avale la militarización de la capital».
Aunque la jueza rechazó dos veces la admisión de la demanda, una instancia superior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, resolvió que el reclamo del centro de derechos humanos no es notoriamente improcedente, como había considerado la jueza, sino que es necesario emplazar a las autoridades y desahogar el juicio antes de llegar a una conclusión sobre el tema.
«Un año y dos recursos después, nuestra demanda ha sido admitida. Se suma a las múltiples acciones legales que buscan que el PJF analice la constitucionalidad de medidas que, como ésta, han profundizado la militarización», explicaron las y los defensores de derechos humanos, que acompañan casos como Tlatlaya, Ayotzinapa y desapariciones y ejecuciones durante la llamada «Guerra Sucia».
De acuerdo con el diario Reforma, la jueza dio quince días hábiles al Gobierno para rendir informes justificados y fijó la audiencia constitucional del juicio para el 18 de noviembre.
El oficio que es objeto de la demanda no fue difundido por el Gobierno, sino que fue publicado por diversos medios de comunicación y derivó de una reunión del 6 de octubre de 2020 del Gabinete de Seguridad Nacional. «En dicha sesión, el Presidente de la República autorizó la totalidad de las propuestas para el control operativo de la Guardia Nacional», dice el documento firmado por Sandoval, titular de la Sedena, y dirigido al Secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán.
El oficio afirma que las coordinaciones regionales de la GN, todas encabezadas por militares, «serán coordinadas operativamente por la Sedena, a través de los comandantes de Región Militar». Agrega que los 74 mil 793 elementos de la GN aportados o reclutados por Sedena y Semar «dependerán operativamente de la Sedena y administrativamente de la Secretaría de origen».
En su informe Poder Militar, el Centro Prodh explicó que la adscripción del mando operativo de la Guardia Nacional a la Sedena es uno de los pasos que han debilitado el carácter civil de la corporación y han favorecido el control castrense sobre la seguridad pública, reservada constitucionalmente para autoridades civiles.