Ciudad de México, 30 de septiembre de 2021. El colectivo de familias de las comunidades de El Manzano y Monterde, en la Sierra Tarahumara en Chihuahua -quienes se encuentran desplazadas desde el 2014 por la violencia del crimen organizado- litiga por medio de amparos que las autoridades les garanticen el reasentamiento digno o el regreso a casa.
Un total de 23 familias de las comunidades de El Manzano en el municipio de Uruachi y Monterde, en el municipio de Guazapares, Chihuahua, han tenido que abandonar su vivienda y propiedades y salir de urgencia para salvar su vida. Desde el 2015 han denunciado a diferentes autoridades la violencia que se vive en la zona que ejerce el crimen organizado para la apropiación de tierras, siembra de drogas y tala ilegal.
Algunas de las personas integrantes de la comunidad acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que les otorgaran medidas cautelares ante la situación de gravedad y riesgo de sufrir un daño irreparable. La Comisión otorgó las medidas en abril de 2015, pero a pesar de esta resolución internacional, las medidas no han sido suficientes para garantizar su protección. Incluso, tres personas han sido asesinadas pese a la existencia de las medidas.
Ante la falta de respuesta adecuada, suficiente y oportuna por parte de las autoridades, en mayo de 2021 se promovió?una?demanda de amparo, en la que se les concedió una suspensión provisional que?consiste en?garantizar vivienda, alimentos y otras necesidades básicas, además de indicar que se proteja el interés superior de la niñez y bienes en la comunidad de origen. En junio del mismo año se promovió otra demanda de amparo en la que se les concedió la suspensión de plano, reconociendo así las graves omisiones a las que se han visto expuestas estas familias.
Las audiencias constitucionales durante las que se resolverá la procedencia de los amparos mencionados se llevarán a cabo los días 7 y 25 de octubre próximos; los jueces deberán pronunciarse sobre: la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a casa, medidas de restitución del patrimonio en las comunidades y medidas de no repetición.