La creación de una Comisión de la Verdad, anunciada el 30 de agosto por el Presidente, es uno de cinco mecanismos que contempla un ambicioso “Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia” que el gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de la “guerra sucia”. El plan contempla crear un programa de búsqueda del paradero de las personas desaparecidas, acceder a los “archivos de la represión” y a las cárceles clandestinas, así como abrir procesos judiciales.
El documento —al que este equipo tuvo acceso— ahora está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia, a la cual le toca redactar los decretos que serán la base para crear los cinco instrumentos contemplados en el plan. Las familias esperan que el Poder Ejecutivo mantenga el compromiso de otorgar acceso pleno a los archivos e instalaciones del ejército para garantizar que este sea un verdadero “plan anti impunidad” y no otro intento fallido de investigar los crímenes del pasado.
“No podemos considerar que haya verdad alrededor de la contrainsurgencia si no se abren los archivos y las instalaciones. Si no pensamos que el Ejército va a participar en el acceso, no va a ser posible el esclarecimiento y, por ende, no va a ser posible la justicia. ¿Y cómo? Pues a través de un mandato presidencial, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no sabemos si lo va a hacer o no. Esperamos que sí, pero si no lo hace está destinado al fracaso”, dice Alicia De los Ríos, quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo MIlitar Número 1, y desaparecida hace 43 años.
* Retomado de A dónde van los desaparecidos