Ciudad de México, 27 de septiembre de 2021. «Nos tratan mejor y hay avances en el caso, pero ya llevamos tres años y no sabemos el paradero de nuestros hijos, se ha logrado identificar a dos jóvenes y hay varias ordenes de aprehensión libradas, algunas contra altos funcionarios que hicieron mal su trabajo. ¿Pero qué pasa con los demás jóvenes? ¿dónde están? ¿qué pasó con ellos? ¿quiénes se los llevaron y por qué? Son preguntas que este gobierno no ha podido responder, por lo tanto, seguimos en la incertidumbre y con un dolor insoportable que cala nuestra alma». Así resumieron las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa la situación que prevalece a siete años de los hechos y a la mitad de la actual administración federal.
Las familias iniciaron ayer en la Ciudad de México la marcha que marcaba el séptimo año, los más de 2 555 días preguntándose dónde están sus hijos. Acompañaron su camino centenares de normalistas, personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, integrantes de organizaciones populares, sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco, organizaciones indígenas y personas sin afiliación, quienes no han dejado de fortalecer a las madres y padres durante todo el calvario que representan la desaparición y la impunidad.
Al llegar al Zócalo, las familias recordaron la construcción de la llamada «verdad histórica y los intentos de dar carpetazo al caso. «Cinco años tuvimos que luchar a brazo partido para que no lo hicieran, logrando mantenerlo abierto hasta que llegó este gobierno e inició una nueva investigación», recordaron.
Fue entonces cuando hicieron el balance: Ahora hay más voluntad política, pero no ha sido suficiente para llegar a la meta de conocer qué pasó y dónde están sus hijos. En los contingentes, mientras tanto, lucían banderas, mantas y pancartas homenajeando a las madres y padres que perdieron la vida con el dolor de no saber.
«El tiempo pasa y nuestros corazones se marchitan, nuestro cuerpo y salud empeoran, perdemos fuerzas físicas. Nuestra compañera Minerva Bello y nuestros compañeros Tomás Ramírez, Saúl Bruno y Bernardo Campos se nos adelantaron sin poder saber de sus hijos. Otros más estamos enfermos con pocas fuerzas físicas para continuar en esta lucha», insistieron.
«Para el gobierno hay avances, pero para nosotros como padres y madres que no sabemos de nuestros hijos y que sufrimos su ausencia día a día los avances son mínimos, por ejemplo, la Fiscalía general de la República camina con lentitud en la investigación. Desde hace seis meses no ha podido ejecutar 40 órdenes de aprehensión, dos años que no logra traer a Tomás Zeron de Lucio de Israel para procesarlo y varios funcionarios de la pasada administración que avalaron y defendieron la verdad histórica, siguen estando en la FGR en puestos del más alto nivel, obstaculizado los trabajos de investigación», ejemplificaron.
Las familias acusaron reticencias para profundizar una investigación exhaustiva contra elementos del ejército mexicano adscritos al 27 batallón de infantería, pese a que en el expediente existen pruebas objetivas de una participación más amplia de lo que habían reconocido. «Sin embargo, estos elementos parecen ser insuficientes a los ojos del gobierno que vacila en investigar a esta institución armada, cuando se pone el tema en la mesa de dialogo a menudo incomoda al gobierno», lamentaron. «De continuar, así las cosas, pasará el tiempo, seguiremos enfermando y muriendo y este gobierno terminará su mandato sin lograr saber con claridad que pasó el día 26 de septiembre y donde están nuestros hijos».
Las conmemoraciones no solamente se realizaron en la capital del país. Al menos 6 estados de la República vieron desarrollarse veladas, marchas y eventos artísticos.
Arropados por esa solidaridad, las familias prometieron que, en medio de la adversidad de la pandemia del Covid-19 y entre los laberintos de una justicia aletargada, continuarán con su lucha hasta encontrar a sus hijos.