Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021. Las autoridades de Guanajuato y de la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondieron a mandatos especiales de derechos humanos de la ONU que le requirieron información sobre las investigaciones y medidas de protección relativas a las amenazas, ataques y asesinatos contra personas buscadoras de desaparecidos en esa entidad.
El 15 de julio pasado, los Mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, dirigieron una comunicación en relación con los asesinatos del señor Javier Barajas Piña y la señora Rosario Zavala Aguilar y las amenazas en contra de las señoras Norma Patricia Barrón Núñez y Angélica Zamudio Almanza en el marco del aumento de agresiones en contra de familiares y colectivos en búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato.
Las y los expertos señalaron que «es sumamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantengan en impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor».
Como parte de sus responsabilidades, los mandatos pidieron información sobre las investigaciones realizadas sobre las amenazas y hotigamientos en contra las señoras Angélica Zamudio Almanza y Norma Patricia Barrón Núñez; los procedimientos judiciales y administrativos llevados a cabo sobre los asesinatos del señor Javier Barajar Piña y la señora Rosario Zavala Aguilar, según estándares internacionales, en particular según el Protocolo de Minnesota; las medidas de protección tomadas para asegurar la integridad física y psicológica, al igual que la seguridad de los familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la localización de personas desaparecidas; y los planes para proporcionar compensación a las víctimas o a sus familias.
Aunque dieron un plazo de 60 días a las autoridades para responder, éstas no lo hicieron.
La Secretaría Técnica del Consejo Estatal sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha reportado, durante 2021, 24 casos de atentados contra defensores y defensoras de derechoshumanos en 11 de los 46 municipios de Guanajuato, siendo los municipios de Celaya, León e Irapuato los mayormente afectados. Entrelas agresiones reportadas se incluyen amenazas, ataques digitales, agresiones físicas, detenciones,allanamientos, desapariciones y asesinatos.
Caso de la defensora Rosario Zavala Aguilar
En julio de 2020, la señora Rosario Zavala Aguilar presentó una queja ante la Procuraduría de DerechosHumanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) por al menos dos eventos de allanamiento en su domicilio,cometidos por integrantes de la Guardia Nacional tras supuestas denuncias anónimas por venta de droga.
El 16 de octubre de 2020, dos personas no identificadas habrían disparado a quemarropa contra de la señora Zavala Aguilar al abrir la puerta de su casa, ocasionando su muerte en el lugar. Desde 2019, la señora Zavala Aguilar venía luchando por la búsqueda, reparación y justicia en el caso de su hijo Yatziri Misael CardonaZavala, capturado y desaparecido el 23 de diciembre de 2019 por hombres armados. Un día antes de su asesinato, la señora Zavala Aguilar habría participado en una campaña de búsqueda y habría recolectadoinformación sobre el paradero de su hijo desaparecido. Hasta la fecha, no se han reportado avances en lainvestigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia sobre el asesinato de la señora Zavala Aguilar ni la desaparición de su hijo.
Caso del defensor Javier Barajas Piña
El 29 de mayo de 2021 el Sr. Javier Barajas Piña fue asesinado con armas de fuego por personas no identificadas en el municipio de Salvatierra, Guanajuato presuntamente en represalia por su labor de búsqueda por la desaparición de su hermana Guadalupe Barajas Piña, desde el 29 de febrero de 2020. El señor Barajas Piña habría recibido 15 impactos de bala.
La Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especializada, habrían gestionado el levantamiento del cuerpo, la protección de los familiares del señor Barajas y el inicio de la investigación. Sin embargo, a la fecha, no se habría procesado a los culpables por el homicidio del señor Barajas Piña.
Se informa que previo a su asesinato, el colectivo al que pertenecía el señor Barajas habría sufrido hostigamientos, incluyendo vigilancia o “halconeo” por parte de integrantes de la delincuencia organizada,cuya presencia sería importante en Salvatierra y estaría vinculada a la venta de drogas, y al robo y venta ilegalde combustibles.
Caso de la defensora Angélica Zamudio Almanza
El 30 de mayo de 2021, la señora Angélica Zamudio Almanza reportó hostigamientos por parte de un grupo de personas, presuntamente vinculados con el crimen organizado en Salvatierra, Guanajuato, en relación a las labores de búsquedas que realiza desde noviembre de 2020.
Caso de la defensora Norma Patricia Barrón Núñez
El 7 de junio de 2021 la señora Norma Patricia Barrón Núñez habría sido citada por el MinisterioPúblico por denuncias sobre presuntas amenazas presentadas en su contra por parte de los familiares de los imputados por el secuestro y desaparición de su esposo e hijo. Al salir del Ministerio Público, individuos noidentificados le habrían tomado fotografías sin su consentimiento. Además, la defensora también habría sidoamenazada verbalmente por una persona afuera de su domicilio, quien le habría ordenado detener su labor de búsqueda, y en redes sociales. La señora Barrón Núñez habría presentado denuncias por las amenazas sufridas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en donde se habría constatado su situación de riesgo. Sinembargo, hasta el momento, no se habrían otorgado medidas de protección.