Ciudad de México, 18 de agosto de 2021. Comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas, agrupadas en la coalición #CambiémoslaYa, demandaron al Estado mexicano reformas profundas a la Ley Minera al considerar que son sus disposiciones las que han posibilitado que los territorios sean entregados por las autoridades a las empresas mineras.
«La exigencia busca que la legislación ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva», explicaron.
La Ley Minera vigente se aprobó en 1992 como parte de un marco jurídico creado para facilitar la entrada de las empresas a los territorios para la explotación de los bienes naturales; desde su emisión, explicaron las personas expertas, la Ley ha contenido diversos artículos que violan de manera directa derechos previamente reconocidos por el Estado Mexicano a las comunidades y a la población, y que han sido una de las causas estructurales de los conflictos socioambientales que por minería se viven actualmente.
Por ejemplo, el artículo 6º determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra; mientras tanto, el artículo 19 de dicha ley dispone que el solo hecho de tener una concesión minera otorga derecho a su titular para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como para aprovechar las aguas; además, el artículo 15 establece que esta situación durará hasta 100 años, pues fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual.
«La Ley Minera no ha beneficiado a México sino a una pequeña élite empresarial que ha acumulado fortunas a costa de la vida, la salud y los derechos de las comunidades y pueblos en México. A pesar de no ser la única causa de las violaciones sistemáticas a derechos como la tierra y el territorio, la libre determinación y autonomía, al agua, al medio ambiente sano, entre otros, sí es una de sus causas de raíz. Por tanto, debe ser eliminado todo aquel contenido contrario al marco constitucional e internacional de derechos humanos, y ajustado lo necesario para su plena armonización con él», abundó la coalición.
#CambiémoslaYa propuso 6 puntos fundamentales para este cambio: 1) Eliminar el carácter de utilidad pública de las actividades mineras, 2) hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras; 3) cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones; 4) quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas; 5) blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar de las actividades mineras, prohibir la minería con las técnicas de tajo a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación y 6) que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.
#CambiémoslaYa reúne a pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio. Entre los participantes se encuentran CartoCrítica; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Engenera A.C.; Fundación Heinrich Böll; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Movimiento Atzin No a la Minería, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, el Observatorio Académico Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM; Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y personas académicas de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como a diversas comunidades de Sonora, Morelos, Puebla y Baja California Sur.