Ciudad de México, 11 de agosto de 2021. las Oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), manifestaron su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.
La aplicación de esta norma ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación crítica, pues son expulsadas desde Estados Unidos sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México. Las agencias hicieron notar que, además, la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada, haciéndose necesario fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil.
«Además de las devoluciones en frontera, desde la semana anterior dieron inicio vuelos desde Estados Unidos hacia el sur de Mexico con personas expulsadas bajo Título 42. Esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros», advirtieron las agencias de la ONU.
Organizaciones de la sociedad civil mexicana, por su parte, declararon que las expulsiones de esta naturaleza ponen en un riesgo severo la vida de las personas con necesidades de protección internacional y violan de manera masiva el derecho a solicitar asilo: «Todo esto se realiza en un contexto de negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y México en las que, de nuevo, el gobierno mexicano está ejecutando políticas estadounidenses violatorias de derechos humanos, sin ningún fundamento legal y sobre las que existe una absoluta falta de transparencia y rendición de cuentas, en aras de despresurizar la frontera norte. Lo que, contrario al discurso del gobierno mexicano, evade la responsabilidad de protección de parte del Estado, y termina recayendo toda la carga de asistencia humanitaria y protección de las personas en la sociedad civil».
Las agencias de Naciones Unidas reconocieron que la realidad de la movilidad humana en la región es compleja y que en el caso de México, requiere atender movimientos migratorios mixtos, que incluyen personas con diferentes necesidades, edades y perfiles, tales como personas en situación migratoria irregular, personas en necesidad de protección internacional, personas apátridas, mujeres y personas LGBTI+, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y sexual, personas víctimas de trata y otros delitos, así como niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, entre otros.
Las personas defensoras de derechos humanos informaron que, con 12,807 nuevas solicitudes de asilo tan solo en el mes de julio, más de 70% en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018, tendencia que se recuperó una vez que disminuyeron las restricciones fronterizas por COVID-19 y comenzaron a reflejarse los efectos directos e indirectos de la pandemia.
«Esta situación representa un enorme reto para México, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo. De igual modo, la llegada de miles de personas migrantes en tránsito, que son retornadas o que han elegido a México como país de destino, requiere de políticas públicas centradas en las necesidades particulares de las personas migrantes y refugiadas y generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras», afirmaron.
Las agencias recordaron que las personas en situación de movilidad tienen necesidades específicas y enfrentan retos particulares que deben ser considerados en las medidas de protección: por ejemplo, las mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a ser víctimas de violencia de género, incluyendo violencia sexual y desaparición forzada con fines de trata y explotación sexual. Por ello, es fundamental que se puedan identificar las necesidades específicas de cada persona, incluyendo la eventual necesidad de protección internacional, en sus diferentes formas.
«Las Agencias reconocen que la COVID-19 representa importantes desafíos para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable. Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas reiteran su voluntad en reforzar su apoyo a las instituciones mexicanas y la sociedad civil en la respuesta humanitaria, especialmente para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad»; finalizaron.