Ciudad de México, 19 de julio de 2021. Ante la publicación de la investigación Pegasus Project, que reveló nueva información sobre el uso del malware de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos alrededor del mundo, incluyendo México, organizaciones de la sociedad civil llamaron a garantizar una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa respecto de estos graves hechos.
Las y los defensores de derechos humanos consideraron que hay una urgente necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar.
Pegasus Project fue coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa dedicada al periodismo de investigación, en conjunto con Amnistía Internacional. En la investigación participan más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones.
De acuerdo con la información revelada por medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, más de 50 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de Pegasus, de los cuales más de 15 mil poseen el código de país de México.
Dentro de los 15 mil números mexicanos reportados se incluyen los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quién fue asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus, según la información publicada.
https://twitter.com/CentroProdh/status/1416928807500517383?s=20
Las nuevas revelaciones confirman los hallazgos publicados en 2017 por las investigaciones conjuntas realizadas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC, ya que en la lista referida se incluyen los números de periodistas como Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana —viuda del periodista Javier Valdéz— así como de Carmen Aristegui, de sus familiares y su equipo de trabajo.
«Estas revelaciones reafirman que desde agencias del Estado Mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón generalizado de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad. Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la defensa de derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas con Pegasus y una seria amenaza contra las instituciones democráticas», señalaron ARTICLE 19, R3D, Social Tic y el Centro Prodh.
«A pesar de que desde hace más de 4 años existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, en la que acompañamos las organizaciones firmantes, su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, reafirman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación», agregaron.
Las organizaciones solicitaron que el Fiscal General rediseñe -en conjunto con las personas afectadas- un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.
También pidieron que el Presidente de la República y el titular de la Fiscalía General de la República transparenten totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones. Además, solicitaron que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión impulsen, en diálogo con la sociedad civil, una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.