Ciudad de México, 02 de julio de 2021. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 32 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la militarización de fronteras y la política migratoria con participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN), así como la práctica sistemática de «devoluciones en caliente» o pushbacks que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional.
Las organizaciones señalaron que el despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes. También advirtieron de la negativa sistemática por parte del Instituto Nacional de Migración (INAMI) para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente por las fronteras terrestres y áreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución.” Esta práctica, dijeron, resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.
Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales. Subrayó que la oficina de la OACNUDH en México «también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso».
Durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita in loco a las fronteras del país para poder presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.
Por último, se solicitó a la Comisión inste al Estado mexicano a que designe en las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y limite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas; que presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detenciones, así como sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos; que elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación y que investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las estaciones migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas.
Agregaron que el Estado debe investigar los casos de pushback cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional; revisar y generar protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional y garantizar la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en puntos de ingreso y control migratorio en las fronteras y aeropuertos.
Las comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional. La Comisionada Flávia Piovesan, relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, mostró inquietud ante lo expuesto por las organizaciones de la sociedad civil en torno a las “devoluciones en caliente”, pues señaló que se trata de expulsiones sumarias y automáticas que ponen en riesgo el principio de no devolución.
La CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su anuencia para una visita presencial por parte de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.
En una audiencia distinta, organizaciones solicitaron a la CIDH supervisar las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador como una medida para evitar discursos estigmatizantes contra periodistas y defensores de derechos humanos. También acusaron mal trato hacia la prensa de los gobernadores de Puebla, de Nuevo León, de Baja California y de Jalisco, así como del subsecretario de Salud.