• El Estado mexicano mantiene la impunidad en el caso de policías que torturaron sexualmente a mujeres detenidas en Atenco. / • En el caso de Inés y Valentina tuvo que intervenir la Corte Interamericana. / • Las instancias creadas para investigar la violencia contra las mujeres han sido ineficientes. / • El Centro Prodh reitera su exigencia de justicia para las mujeres denunciantes de tortura sexual.
El miércoles pasado el Centro Prodh emitió un boletín en el que muestra la responsabilidad del Estado mexicano en la permanencia e incremento de la violencia contra las mujeres a través de formas represivas. Tenemos el caso de “la tortura sexual ejercida contra las mujeres detenidas en Atenco durante la incursión policial de los días 3 y 4 de mayo de 2006”, caso que se ha mantenido impune y que en este momento busca respuesta favorable en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este caso es paradigmático ya que “muestra la falta de compromiso gubernamental con los derechos humanos” y con ello, queda expresada la discriminación que deslegitima a las mujeres por motivos de género y libertad de expresión en el país.
Entre las expresiones de violencia que más duelen a este país, se encuentran sin duda los feminicidios. En el reporte publicado en mayo del presente por el Centro de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), se habla ya de una de las formas más contundentes de violencia en Tabasco y en México”. Este concepto se comienza a usar en los medios de comunicación “a raíz de la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez” y cobra su importancia gracias a “los patrones comunes que presentaban las mujeres asesinadas: previamente a su muerte fueron torturadas, violadas y muchas de ellas sufrieron mutilación.”
Aunque se sabe que Ciudad Juárez ocupa el primer lugar en cuanto a cifras de violencia por asesinato a mujeres La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) reporta que “en 2007, de las 21 entidades federativas que han rendido información sobre asesinatos a mujeres, el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 161 homicidios, seguido por Michoacán con 86, Veracruz con 66, Guerrero con 60, Baja California con 50, Sinaloa con 47 y Tabasco con 38, entre otros”. Es de resaltar que ante esta investigación, “el estado de Chihuahua no brindó información”.
En los casos de feminicidio en México, queda expuesta la ineficiencia e indiferencia en la resolución y esclarecimiento de los crímenes. Por ello, organizaciones sociales a las que se suma el Centro Prodh, señalan como responsable al Estado mexicano por “alentar en la actuación de las fuerzas de seguridad” y permitir con ello “no crear las instancias pertinentes ni adoptar las medidas eficientes para erradicarla.”
El CODEHUTAB concluye su reporte y declara que “si el Estado continúa permitiendo esta expresión cruda de la violencia tanto familiar como institucional, estará siendo cómplice de la multiplicación de la violencia y de los asesinatos cometidos contra mujeres en el estado de Tabasco” y por lo tanto, lo responsabilizarían de todas las violaciones que se deriven de su falta de interés.
Pese a que la tortura sexual contra las mujeres detenidas en Atenco ha sido rigurosamente documentada, hasta la fecha, a más de cuatro años, ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la incursión violenta han sido sancionados.
En febrero de 2006 fue creada la Fiscalía especial de violencia contra las mujeres (Fevim), instancia a la cual correspondía realizar todas las investigaciones de casos en los que se hubieren cometido delitos violentos contra las mujeres y en 2008 esta instancia fue sustituida por la Fiscalía especializada en investigación de delitos violentos contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra). Ésta última tuvo a su cargo la investigación de la tortura sexual contra las mujeres detenidas. Sin embargo, aun cuando consideró que en Atenco se perpetró tortura sexual en contra de las mujeres, no consignó a los responsables a pesar de la existencia de todas las pruebas. Por el contrario, en un acto que refuerza la impunidad, declinó su competencia a favor de las instancias de justicia del Estado de México, donde no existen condiciones favorables para continuar con las investigaciones debido a que éstas se sujetan a los designios del titular del Poder Ejecutivo local, Enrique Peña Nieto.
Las dos fiscalías han sido, como lo han sido instancias semejantes, completamente ineficientes. Los resultados ofrecidos por la Fevimtra, por ejemplo, son realmente escasos. La actividad de esta fiscalía contrasta fuertemente con algunos datos sobre la violencia contra las mujeres, la cual va en aumento. Por ejemplo, en fechas recientes, integrantes de la Misión internacional por acceso a la justicia de las mujeres en la región de Mesoamérica dieron a conocer que hubo 1728 feminicidios en 18 estados, de enero de 2009 a junio de 2010.
En el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, vemos también una violación a los derechos humanos por parte del fuero militar; se trata de un hecho marcado por la profunda violencia de género y la discriminación, y un acto constitutivo de tortura. Así lo puntualizó el Tribunal de la Corte Interamericana, quien después de 8 años, asumió el caso y finalmente estableció que el Estado violó el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturadas; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial. En este sentido, los representantes de Valentina Rosendo Cantú mencionaron que ambas sentencias se refieren expresamente a la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas, dado que la CoIDH consideró probado que durante el proceso de búsqueda de justicia ambas mujeres Me’phaa, sus familias, y las organizaciones que les acompañaron padecieron una ambiente marcado por las amenazas y la hostilidad.
No obstante los compromisos internacionales asumidos en la materia por el gobierno mexicano, denunciamos la inoperancia de las instancias encargadas de poner un alto a la violencia contra las mujeres. Su desempeño no corresponde a los altos sueldos de los funcionarios de la Fevimtra ($193,755.52 para la titular de la fiscalía) y se ve reflejada en la deficiente integración del personal encargado de las averiguaciones.
Ante estos hechos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro reitera su exigencia de justicia para las mujeres torturadas sexualmente en Atenco al mismo tiempo que insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a admitir el caso de once mujeres que presentaron su petición en abril de 2008.