Ciudad de México, 05 de mayo de 2021. Representantes de los ejidos División del Norte y Don Samuel, en el municipio de Escárcega, así como el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Candelaria, estado de Campeche, denunciaron que la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto “Tren Maya”, ha cometido fraudes, extorsiones y violaciones a derechos humanos.
Los representantes ejidales explicaron que se presentó en las comunidades una persona, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, «con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes». Dicha persona informó que podía incrementar el monto de la indemnización a través de inventariar árboles o instalaciones inexistentes, dado que pronto iniciarían los trabajos del Tren Maya. Posteriormente, levantó un acta donde se da por otorgada la autorización, a pesar de no contar con la mayoría de las firmas de la Asamblea, y no entregó copia a los ejidatarios.
Los representantes de los tres ejidos fueron citados por Barrientos y Asociados en el Palacio Federal de Campeche para otorgarles cheques por cantidades muy superiores a las acordadas, e inmediatamente les exigieron la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por la empresa Barrientos, diciendo que dicha cantidad correspondía al pago por servicios profesionales y amenazando con que, de no acceder, se les denunciaría ante las Asambleas ejidales, acusándolos de haberse quedado con la cantidad excedente.
«Esta forma de actuar ha sido un patrón sistemático y reiterado que se ha repetido por meses en diversos ejidos del estado de Campeche e incluso de Yucatán donde se negocia el pago por los derechos de vía del proyecto ‘Tren Maya’, y cuyo común denominador es el Despacho Barrientos y Asociados, que en todos los casos ha incurrido en acciones como manipulación, engaño, omisión de información, chantaje e incluso extorsión hacia las autoridades ejidales», abundaron.
Los representantes de los diferentes ejidos presentaron denuncias penales ante la Fiscalía del estado de Campeche , pero encontraron una tajante negativa por parte de la Fiscalía General de la República para admitir nuestras denuncia.
«Del mismo modo, señalamos que ni la Procuraduría Agraria, ni Fonatur nos acompañaron en este proceso, aludiendo las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, pero sí fuimos citados en las oficinas de la Procuraduría Agraria para que firmáramos el Convenio de Ocupación previa a Título Gratuito, a lo cual nos negamos. Es importante señalar que en todo este tiempo, los representantes de los ejidos siempre hemos solicitado la información y alcances del proyecto, y nunca nos han entregado los documentos técnicos, jurídicos, ambientales de los impactos a generar, solamente nos presionan a otorgar la ocupación temporal», afirmaron.
Reafirmaron que en el caso del ejido Candelaria, la comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías, contrario a lo que han señalado Fonatur, ONU-Hábitat y otras autoridades del Gobierno Federal. «Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros. Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el Gobierno Federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas. Ahora con el Tren Maya, buscan sacarnos argumentando que somos invasores», lamentaron. Además, los ejidatarios presentaron el año pasado dos demandas de amparo, la primera en contra del mal llamado “Proceso de reubicación consensuada” y la segunda en contra de las vías del tren, sin que hayan obtenido respuesta.