Ciudad de México, 23 de abril de 2021. Sin cambios a lo enviado por la Cámara de Diputados, el Senado aprobó ayer la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.
A pesar de las constantes protestas y señalamientos de víctimas y personas expertas de que se trata de una regresión sobre derechos ya logrados, la ley fue aprobada con 109 votos a favor, siete en contra y una abstención. Algunas legisladoras del grupo que aprobó la ley reconocieron que la nueva ley limita el papel de las víctimas en las investigaciones.
A lo largo de todo el proceso legislativo, el movimiento de víctimas solicitó reiteradamente un Parlamento Abierto que efectivamente les escuchara y preservara los logros obtenidos en años anteriores. Organizaciones de derechos humanos también coincidieron en que se trataba de un retroceso de la FGR bajo el pretexto de la autonomía de la institución.
Entre algunos de los aspectos que no se pudieron revertir de la propuesta original, se encuentra que la nueva ley profundiza la inercia de seguir entregando facultades de investigación a una institución de seguridad de configuración militarizada, como es la Guardia Nacional, aun cuando su marco legal está siendo revisado por la SCJN y que se desdibujaron mecanismos de control y rendición de cuentas -se eliminaron los procedimientos de designación, así como sus principios rectores, y el Fiscal General tendrá la facultad de nombrar y remover libremente a los titulares de las fiscalías especializadas.
En cuanto a posibilidad de realizar investigación compleja y no fragmentada de fenómenos criminales, unidades como las de investigación de contexto quedaron acotadas.
En cuanto al derecho de las víctimas a participar activamente en las investigaciones, se eliminó la redacción detallada en la ley todavía vigente y solamente se incorporaron algunas fracciones que de manera general consideran su participación.