Ciudad de México, 23 de abril de 2021. La Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general y lo particular la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y, hoy por la mañana, la reforma al Poder Judicial.
La aprobación de la Ley Orgánica de la FGR en lo general se dio con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones; algunas diputadas denunciaron que pese a algunas modificaciones, no se garantiza que la FGR no se desentienda de la investigación y búsqueda de personas no localizadas, argumentando su autonomía. La minuta regresa al Senado de la República.
Posteriormente, en horas de la madrugada, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general -con 260 votos a favor, 2 abstenciones y 167 votos en contra- la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye el artículo transitorio para que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permanezca al frente de la Judicatura Federal hasta el 31 de diciembre del 2024. La reforma pasa al Ejecutivo para su promulgación.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México había pedido «suspender el dictamen presentado por ir en detrimento de los derechos de las víctimas y de la impostergable necesidad de generar estructuras eficaces de combate a la impunidad. Esto hasta que se garantice la adecuada participación de las víctimas en el proceso y la construcción de una Ley que nos lleve a mejorar, no a retroceder».
El Centro Prodh insistió en que la nueva ley de la FGR renuncia al modelo innovador adoptado en 2018 para volver al pasado, acotando los derechos de las víctimas y aislando a la Fiscalía con el pretexto de la autonomía; advirtió que esto va en sentido contrario a los cambios que requiere con urgencia la justicia en México.
En cuanto a la ampliación del plazo en el que el presidente de la SCJN permanecerá al frente de la Judicatura Federal, el centro de derechos humanos expresó que se afecta la independencia judicial, pues se amplía su mandato y el de los consejeros con la abierta intención de influir en su funcionamiento. Además, se ignoraron las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Relator sobre Independencia Judicial de la ONU.