Ciudad de México, 08 de abril de 2021. Al presentar su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional advirtió que México desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores.
También recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguía sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agregó que el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, lo que carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales.
Al hacer un balance del año transcurrido, la organización destacó que el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, además de que el Congreso de la Unión disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático.
En el apartado «Homicidios ilegítimos», AI consideró la muerte de Giovanni López Ramírez (de 30 años), ocurrida el 5 de mayo cuando se encontraba bajo custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos (Jalisco); la operación de las fuerzas armadas en Nuevo Laredo (Tamaulipas) que tuvo lugar el 3 de julio y en la que soldados mataron a Arturo Garza, de 19 años, que estaba desarmado y había sobrevivido a un tiroteo entre militares y un presunto grupo delictivo y el homicidio de Jéssica Silva a manos de la Guardia Nacional en Delicias (Chihuahua) al abrir fuego contra el vehículo en el que regresaba de una protesta de agricultores.
La organización internacional también consignó el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por cerrar la investigación sobre la muerte de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya (estado de México), lo que fue paralizado por representantes de las víctimas.
En el apartado de detenciones arbitrarias, AI destacó las ocurridas en Jalisco durante las protestas por la muerte de Giovanni López Ramírez y el cierre de la investigación sobre la detención arbitraria y tortura en Yucatán contra el adolescente José Adrián. Además, consignó que la disposición constitucional que permite la detención sin cargos (conocida como “arraigo”) no se derogó durante el año.
En cuanto a desapariciones forzadas, el informe considera que éstas siguen siendo motivo de preocupación, mientras los sospechosos de responsabilidad penal gozan de una impunidad casi absoluta. Dio cuenta de la constitución por decreto del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, criticando que los grupos de familiares de personas desaparecidas únicamente tenían condición de participantes y no estaban integrados en la coordinación.
Amnistía Internacional también incluyó en su informe los avances en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, como la identificación de los restos mortales de Christian Rodríguez Telumbre y la emisión de docenas de órdenes de arresto contra funcionarios públicos por su posible relación con el caso -incluyendo contra miembros de las fuerzas armadas.
La organización destacó que el Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales.
El informe también hizo eco de la indignación provocada por los feminicidios y de la minimización que realiza el presidente de la República del problema de la violencia contra las mujeres. Consignó la ocupación de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en protesta por la falta de avances por parte de las autoridades en el tema de la violencia contra las mujeres.
Entre otros temas, la organización también retomó que continuaron las amenazas, el hostigamiento y los asesinatos contra personas que defienden los derechos humanos. Reflejó la preocupación de personas defensoras, comunidades y organismos internacionales por el megaproyecto conocido como Tren Maya, así como las acusaciones del presidente en su contra.
No se pasó por alto que México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que incluye medidas de protección para los defensores y defensoras de los derechos ambientales y pertenecientes a pueblos indígenas.
Amnistía Internacional también recogió que continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y que, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año.
El informe destaca el caso de los ataques de Notimex, el juicio por el asesinato de Miroslava Breach, la carta firmada por 650 periodistas e intelectuales que acusa al presidente de actuaciones que afectan a la libertad de expresión y las manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio que fueron respondidas con fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos.
El informe no omitió la persistencia de la tortura y otros malos tratos, las defectuosas investigaciones sobre ello ni el hecho de que el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aún no se había hecho público al concluir el año.
El documento retoma el caso de la sobreviviente de tortura sexual Mónica Esparza, excarcelada más de siete años después de que fuera detenida arbitrariamente y torturada por la policía en la ciudad de Torreón.
Amnistía Internacional también consideró que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continuaban enfrentándose al uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria por parte de las autoridades, así como a secuestros, agresiones y homicidios a manos de actores no estatales. Se resaltó que la Guardia Nacional utilizó gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México.
En cuanto al continente americano, la organización explicó que el COVID-19 puso al descubierto y agravó la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas, lo que ha contribuido a que las Américas sea la región más afectada por la pandemia.
El Informe 2020/21. Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo, documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, las personas migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia, mientras algunos líderes han aprovechado la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos.