Ciudad de México, 18 de marzo de 2021. Por considerar que existe incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto denominado Tren Maya, la Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán determinó conceder tres suspensiones definitivas en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental realizada por la Semarnat para el tramo 3 de la megaobra.
La decisión es resultado de tres amparos presentados por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya
Al abundar sobre las razones para otorgar esas medidas cautelares, la juzgadora afirmó que debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar que el impacto del proyecto tiene el potencial de trascender a las otras generaciones y no sólo a quienes habitan en la zona, en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos. Así, señaló que, ante la duda sobre la certeza o exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza.
En ese tenor, la jueza sostuvo que se concedía la suspensión definitiva del acto reclamado -la autorización de impacto ambiental- hasta que se dicte la sentencia definitiva. El efecto es que deberán cesar los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonas de los territorios del Estado.
En sus demandas de amparo, los colectivos argumentaron que el otorgamiento de la MIA afectó el derecho a la información y a la participación de los pueblos, además de que adolece de una evaluación ambiental regional que pondere de forma integral los impactos de la obra.
Las suspensiones se suman a las ya existentes en Palenque (1), Campeche (3) y Yucatán (4), además de dos amparos cuya admisión está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún existen más amparos por resolverse.
Hace un mes, las y los defensores del territorio ofrecieron una conferencia de prensa para explicar el proceso. Lamentaron las declaraciones del titular del Fonatur en el sentido de que no son las comunidades quienes se oponen, sino personas externas. Consideraron que es un trato racista porque no les consideran capaces ni de decidir sobre su vida ni de sostener una estrategia jurídica y mediática para defender su territorio y su cultura.
José Coyol y Lupita Chan, de Chuun T’aan Maya, reafirmaron su derecho a defenderse jurídicamente, pues es «una de las pocas rendijas» que les quedan, y consideraron que las suspensiones son una oportunidad para que el Gobierno federal se detenga y piense en la autodeterminación de los pueblos.