Ciudad de México, 12 de marzo de 2021. Es urgente que el Senado vote a favor de la iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales y el establecimiento de asentamientos humanos en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, dijeron organizaciones de derechos humanos.
Las y los defensores del ambiente explicaron que la iniciativa representa un gran avance para obtener una protección real y sustantiva de estos territorios, en beneficio de los ecosistemas y del interés público y frente a los intereses privados de las grandes corporaciones mineras y petroleras, tanto nacionales como extranjeras.
Las organizaciones saludaron que las y los diputados hayan escuchado la voz de especialistas y pidieron que las comisiones responsables en el Senado dictaminen a favor esta iniciativa y, con ello, fortalezcan la creación de leyes para preservar los refugios naturales de nuestro país, para garantizar nuestro derecho a un ambiente sano establecido en el artículo 4 de la Constitución.
De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), a la fecha existen 73 proyectos mineros al interior de ANP (federales, estatales y municipales), incluso en sitios emblemáticos como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, entre otras. Además, la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas supuestamente protegidas, una superficie que equivale a la del estado de México.
«Es importante subrayar que en las ANP se garantiza la conservación de cientos de especies en riesgo que son amenazadas por la caza o para usarse con fines ornamentales, además dichas áreas son territorio fundamental para la provisión de servicios ecosistémicos de nutrientes, soporte y regulación (hidrológica, climática, suelo, etc.). Asimismo, las ANP resguardan entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad nacional, principalmente de los pueblos originarios que son los que generalmente allí habitan. Además, estas áreas proporcionan un campo propicio para la investigación científica enfocada en la regulación ambiental. Sin embargo, las ANP tienen al enemigo en casa, pues las leyes vigentes permiten que se instalen minas dentro de ellas», abundaron las organizaciones.
Con la iniciativa se busca impedir una afectación mayor provocada por la actividad extractiva de gran escala que ha impactado severamente el derecho a la salud, al agua y a la alimentación de la poblaciones, especialmente por el alto consumo de agua y la destrucción irreversible de grandes espacios territoriales para obtener recursos minerales a bajo costo. Al mismo tiempo, la medida favorece que pueda preservar el manejo de las reservas con las que cuentan conforme a sus propias modos de vida y desarrollo.
Por otro lado, explicaron las y los defensores, no existen medidas o acciones preventivas y de mitigación de los impactos ambientales que las actividades mineras provocan a perpetuidad.
«El Senado debe velar por el interés público y votar a favor de esta reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que prohíbe las actividades mineras dentro de las ANP. Además, instamos al Senado a abrir la discusión sobre la necesidad de realizar cambios profundos en la actual Ley Minera, con el fin de contar con una legislación que ponga en el centro el bienestar colectivo y los derechos humanos y no los intereses del sector privado. Desde la sociedad civil colaboraremos con el Senado para instarlo a la aprobación inmediata de la iniciativa, recordándoles que ya cuenta con el amplio aval de la ciudadanía representada por las y los legisladores en la Cámara de Diputados», finalizaron.