Ciudad de México, 05 de marzo de 2021.Numerosos solicitantes de asilo enviados a México por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump han sufrido violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos, señaló la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
La organización recordó que, desde enero de 2019, Estados Unidos ha cerrado su frontera sur a los solicitantes de asilo, a raíz de lo cual muchos han quedado expuestos a abusos en México. El gobierno de Trump, en el marco del programa Quédate en México, envió a más de 71 mil solicitantes de asilo a México mientras sus solicitudes de asilo eran procesadas en Estados Unidos.
Además, desde marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a más de 400 mil migrantes, muchos de ellos a México, incluyendo algunos que buscaban protección internacional y a quienes les negaron la posibilidad de solicitar asilo. Estas últimas expulsiones se realizaron invocando restricciones de viaje supuestamente impuestas para prevenir la propagación del Covid-19.
Los entrevistados por la organización defensora de derechos humanos señalaron que temían denunciar delitos y abusos sufridos en México a las autoridades mexicanas y que a menudo no podían obtener los documentos necesarios para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela. Casi la mitad de los solicitantes de asilo en Quédate en México perdieron sus casos después de faltar a sus audiencias migratorias en Estados Unidos. Human Rights Watch habló con familias que no se presentaron a las citas en los tribunales porque habían sido secuestradas en México. Otras habían sido transportadas al sur del país por el gobierno mexicano y quedado a miles de kilómetros de donde estaba programada su audiencia.
“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ante los pasos positivos que está dando el Presidente Biden para revertir algunas de las políticas migratorias más abusivas del gobierno de Trump, al Presidente López Obrador le queda mucho más difícil mirar hacia otro lado mientras funcionarios mexicanos siguen cometiendo abusos contra migrantes”.
De acuerdo con las organización, el Presidente Joe Biden debe asegurar que los planes para eliminar Quédate en México incluyan a los solicitantes de asilo cuyos casos fueron desechados injustamente mientras estaban en México, y poner fin a la política que permite a EE.UU. expulsar a migrantes a México sin debido proceso. Por su parte, consideró, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe cerciorarse de que los solicitantes de asilo que siguen esperando en México puedan trabajar y acceder a atención médica y educación, y que quienes hayan cometido delitos contra migrantes, incluidos policías y agentes de migración, respondan ante la justicia.
Las conclusiones de esta nueva publicación coinciden con investigaciones anteriores de Human Rights Watch, para las cuales la organización entrevistó a solicitantes de asilo de numerosas nacionalidades en México, abogados y actores humanitarios; visitó albergues y campamentos de migrantes en la frontera entre EE.UU. y México; consultó documentos legales, y observó audiencias judiciales. Human Rights Watch ha concluido en reiteradas oportunidades que los migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros, extorsión, agresiones y trauma psicológico.
Desde que asumió el poder, el Presidente Biden ha suspendido la inclusión de nuevos casos en Quédate en México —conocido formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (o MPP)— y está permitiendo que los 25 mil solicitantes de asilo que pudieron acudir a sus citas ante tribunales migratorios comiencen a anotarse para darles una fecha de ingreso a los Estados Unidos.
«Este es un paso positivo que permitirá que Estados Unidos vuelva a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos», expresó Human Rights Watch. «Sin embargo, el gobierno de Biden sigue invocando dudosos motivos de salud pública para expulsar a solicitantes de asilo que llegan a la frontera, y no ha tomado ninguna medida para solucionar la situación de los 30 mil individuos a quienes les desecharon sus solicitudes de asilo injustamente tras ser enviados a México».
Casi la mitad de los entrevistados dijeron que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México. En 16 casos, los solicitantes de asilo manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno. Algunos afirmaron que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los carteles si no pagaban.
En 27 casos, los solicitantes de asilo indicaron que grupos criminales los habían interceptado en cruces fronterizos, estaciones de autobús, hoteles u otros lugares en ciudades fronterizas. Los criminales los habían secuestrado o amenazado con secuestrarlos, y habían exigido cientos o miles de dólares a modo de rescate o a cambio de protección.
La mayoría de las víctimas afirmaron haber sufrido estos abusos por su condición de migrantes. Los agresores a menudo identificaban a las víctimas inspeccionando los documentos de identidad o migratorios que llevaban consigo. En algunos casos, el agresor ya tenía su fotografía o identificaba a la persona en cuestión entre la multitud. Muchas víctimas dijeron haber visto a desconocidos que los miraban o les tomaban fotografías antes o después de ser víctimas del delito.
Estos señalamientos también son consistentes con publicaciones previas de Human Rights Watch que documentaron cómo los grupos criminales secuestran a migrantes de distintas nacionalidades y llevan un registro de esas personas: les toman fotografías, verifican su identidad y documentos legales y guardan sus datos de identificación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizacionesinternacionales y varios medios de comunicación han informado que es común que funcionarios públicos mexicanos y organizaciones delictivas elijan como víctimas a solicitantes de asilo que viajan por México para secuestrarlos y extorsionarlos.
Según el acuerdo que estableció Quédate en México, el gobierno mexicano debería garantizar el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación a los solicitantes de asilo en el programa. Pero, a diferencia de otros migrantes con estatus legal en México, quienes forman parte de este programa no reciben documentos migratorios con fotografías que confirmen su acceso a estos derechos. Por ello, empleadores o funcionarios públicos les han dicho en reiteradas oportunidades que no tienen conocimiento del programa Quédate en México o no entienden el estatus legal que este les confiere.
Algunos solicitantes de asilo señalaron no haber podido abrir cuentas bancarias o recibir transferencias internacionales de dinero. Una migrante afirmó que en su familia han pasado hambre porque no pueden trabajar ni recibir transferencias. Varios no pudieron recibir tratamiento por graves condiciones de salud. Algunos niños habían estado varios meses sin ir a la escuela, incluso antes de la suspensión de clases por la pandemia.
La información que habían recibido del gobierno mexicano era escasa o nula. Muchos no sabían que, con los documentos que habían recibido, podían usar servicios públicos, o no entendían cómo obtenerlos.
“Las peligrosas condiciones que enfrentan los solicitantes de asilo en el programa Quédate en México son injustificables”, sostuvo Vivanco. “Mientras el gobierno de Biden termina de revertir este programa abusivo, el gobierno mexicano debe asegurarse de que los solicitantes de asilo puedan permanecer de manera segura en México y acceder a servicios esenciales”.