Ciudad de México, 23 de febrero de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Poder Legislativo que cualquier posible cambio a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) sea apegada a estándares internacionales de derechos humanos y se debata con amplia participación ciudadana.
El 9 de octubre de 2020, la bancada legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretende reformar el marco normativo de la FGR y que, por sus implicaciones, ha sido calificada como un grave retroceso en materia de derechos humanos. Ante los reclamos ciudadanos para realizar un parlamento abierto, la Cámara de Senadores optó por abrir un cuestionario en internet entre el 21 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021.
De acuerdo con la CIDH, esto podría limitar la participación de la ciudadanía de conformidad con los estándares interamericanos. Para la CIDH, para impulsar la participación efectiva no basta con generar mecanismos de consulta y deliberación; es preciso incorporar las contribuciones que de ellos emanen.
La propuesta de dictamen elimina mecanismos de control como el Consejo Ciudadano y la participación de la sociedad en el plan de persecución penal y debilita los avances hacia nuevos modelos de investigación integrales y de colaboración entre Fiscalías. De igual forma, la propuesta limita la participación de la FGR en distintas actuaciones de la administración pública federal, como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas y el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esto implica el desconocimiento de protocolos de actuación como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
La CIDH consideró que la propuesta de modificación podría limitar excesivamente o suprimir el derecho de participación de las víctimas en la elaboración de planes de investigación, asistencia a diligencias, presentación de pruebas periciales o acceso a un traductor o intérprete, entre otros derechos existentes.
La Comisión también destacó la relevancia del rol de la FGR en múltiples órganos de coordinación interinstitucional y recordó al Estado mexicano que la integralidad en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos supone el diálogo, la coordinación, y el trabajo conjunto de los distintos sectores del Estado.
La CIDH reiteró la importancia de la complementariedad e interrelación entre la búsqueda y la investigación, así como la necesaria coordinación interinstitucional para una búsqueda efectiva; y recordó al Estado mexicano que, desde un enfoque de derechos humanos, la política pública sobre búsqueda debe ser transparente y visible, debiendo construirse e implementarse en todas sus etapas y alcances con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, reiteró el deber del Estado de garantizar la coordinación de todos los órganos y entidades cuya cooperación sea necesaria para una búsqueda efectiva, exhaustiva y expedita, así como de eliminar los posibles obstáculos internos que impidan dicha coordinación interinstitucional.
«La Comisión insta a México a debatir ampliamente las reformas a la normativa que regula la LOFGR de modo tal que garantice un proceso abierto y transparente de discusión legislativa, que considere las iniciativas e inquietudes de la ciudadanía y que permita evaluar el impacto de las posibles modificaciones en sus obligaciones internacionales de derechos humanos», finalizó.