Ciudad de México, 19 de febrero de 2021. Cada 19 de febrero, desde hace 15 años, las familias de los obreros sepultados en la mina Pasta de Conchos han acudido puntualmente a su cita con la memoria viva. Con esperanza, con tristeza, con fuerza y con enojo, pero sobre todo con dignidad, se reúnen para exigir el mínimo que se les debió haber garantizado desde el principio: el rescate de sus hijos, padres, hermanos o esposos.
No ha sido nada fácil el camino para que nadie se olvide de la tragedia y de la exigencia en un México lleno de ellas. Estas familias, originarias de una de las zonas más pobres y explotadas del norte del país, han debido enfrentarse no sólo a la dolorosa pérdida, sino a la desesperación de sentir el desprecio de quienes debieron proteger sus derechos y la vida de sus seres queridos y optaron por dejarlos abandonados dentro de su centro de trabajo, como se abandona una herramienta inservible.
Muchas veces y de muchas maneras, los funcionarios intentaron que madres, padres, hijas, esposas y hermanas abandonaran su lucha. Ellas y ellos, cada vez, respondieron: ¡Rescate ya! Y en ese camino, luego de tocar todas las puertas posibles en México, un grupo de familias acudió en 2010 al litigio internacional ante el sistema interamericano de derechos humanos, que fue admitido en 2018, que sigue activo al día de hoy, y que ha sido un pilar para su resistencia.
En esta historia, que llega ya a los tres lustros, las familias no han estado solas; organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han compartido codo a codo el camino. Baste recordar, entre otros, al obispo Raúl Vera, quien siempre ha tenido una palabra o un pasopara acompañarles, confortarles y fortalecerles, o Cristina Auerbach, que ha dedicado cada día desde que llegó a la zona a la Organización Familia Pasta de Conchos, con el objetivo de buscar todas las rutas posibles a la justicia y a la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros del carbón.
Gracias a estos empeños, las familias lograron abrir un camino de esperanza en México: el compromiso del actual gobierno de que se haría el rescate de los 63 mineros. El grupo de expertos formado para asesorar el proceso le dio la razón a su larga lucha cuando, en julio de 2019, confirmó que el rescate era técnicamente posible.
Las familias todo el tiempo han mostrado la mejor disposición para que el proceso fluya con los menores sobresaltos posibles y han sido pacientes, reconociendo públicamente cada signo positivo que se ha lanzado desde la administración. Sin embargo, hay señales de preocupación para ellas. Una es el hecho de que en reuniones importantes para el proceso se haya dejado de lado a madres, padres o hijos, al incluir solamente a viudas -en una interpretación arbitraria de quiénes son víctimas en el caso-, lo que podría generar rupturas entre las familias y desconfianza hacia las intenciones gubernamentales. La otra es que se les haya presionado para decidir sobre temas que no son los principales.
Por eso, las familias están nuevamente a la expectativa y vigilantes de que no haya más demoras en la materialización del compromiso de esta administración. Ayer reiteraron su exigencia de que el rescate inicie el 1 de septiembre, como fue comprometido por el presidente en una visita a la zona el pasado 23 de octubre. El inicio del rescate será, como ya hemos dicho, no solamente comenzar a saldar una deuda humanitaria, sino un signo de verdadero compromiso con la protección de los trabajadores y de lucha contra la corrupción generada por la simbiosis entre los gobernantes y el poder económico.
Para estas familias y las organizaciones que las acompañan, es importante también que se pueden adoptar medidas de previsión social y seguridad en el trabajo para que no se repitan accidentes similares. La minería del carbón es una de las fuentes de trabajo más peligrosas que existen y además está siendo promovida ante la coyuntura energética. Por eso es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad (empresa paraestatal que participa del rescate de los mineros) no siga comprando carbón a minas que no cumplen con la legalidad y seguridad.
Ante el litigio interamericano en curso, el Gobierno federal ha dicho que desea llegar a una solución amistosa. Para las familias, la posibilidad de esa solución pasa invariablemente por el rescate y por medidas de reparación y no repetición de acuerdo con los estándares internacionales. No piden más y no merecen menos.
*Artículo publicado en Animal Político