Ciudad de México, 26 de enero de 2021. Con «profunda preocupación», Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, hizo un llamado para realizar una restitución de restos humanos digna y procesos de verdad, justicia y reparación en el caso de las 19 personas encontradas calcinadas en Camargo, Tamaulipas.
La masacre de Camargo se descubrió por un reporte ciudadano que recibieron policías estatales el viernes 22 de enero. Al día siguiente por la noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por los 19 homicidios en el poblado Santa Anita, ubicado a 69 kilómetros de territorio estadounidense. Desde ese momento se especuló con la posibilidad de que las víctimas fuesen migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.
“De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las victimas serían guatemaltecas. La falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos», señaló el funcionario de la ONU-DH, quien señaló la similitud con las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.
El lunes 25 de enero, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas recabó las muestras de ADN de los cuerpos calcinados que se encuentran resguardados en una funeraria privada en Miguel Alemán, informó el vocero de Seguridad, Luis Alberto Rodríguez. En Guatemala, el gobierno nacional tomó las pruebas genéticas a las familias para realizar los exámenes forenses.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias», apuntó el representante de la ONU-DH.
La mayoría de las supuestas víctimas son indígenas mam, originarias del departamento de San Marcos, al noroeste de Guatemala. El mam es uno de los 24 pueblos indígenas que habitan Guatemala y mantienen su propio idioma, por lo que algunas de las familias de las posibles víctimas son monolingües. San Marcos es uno de los departamentos más marginados del país centroamericano: el 60% de sus habitantes vive en situación de pobreza y otro 22% en pobreza extrema.
«Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares. Se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos. Este es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas”, finalizó Fernández-Maldonado.
*Con información de Animal Político