Ciudad de México, 08 de diciembre de 2020. Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron en días pasados la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto Tren Maya.
Como efecto de la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas relacionadas con el proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche.
Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables. «Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades, y decida suspender todo el proyecto», pidieron las comunidades y organizaciones.
Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).
Con relación a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, toda vez que dentro de ésta se incluye obras nuevas en el tramo 2 de Escárcega a Calkiní.
Las y los defensores del ambiente hicieron un llamado al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, «pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de nuestros derechos humanos», así como a actuar con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.
«Finalmente, hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que garanticen el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que hemos sido objeto por ejercer nuestro legítimo derecho a oponernos a las obras del Tren Maya, al considerar que violentan nuestro derecho al territorio y a un medio ambiente sano», finalizaron.