Ciudad de México, 04 de diciembre de 2020. Grupos de trabajo y relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas requirieron a México información sobre las detenciones y violencias ejercida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato contra familiares de desaparecidos que se manifestaban y advirtieron que se podría estar incurriendo en graves violaciones a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
El pasado 10 de julio, decenas de familiares marcharon en Guanajuato para solicitar una audiencia con el gobernador. La respuesta fue un operativo contra las familias que tuvo como resultado detenciones arbitrarias, lesiones y acusaciones penales injustas contra las propias víctimas. Desde entonces, las familias exigieron fincar responsabilidades por los abusos y que se retirasen los cargos a las mujeres atacadas, pero la Fiscalía estatal decidió no ejercer acción penal contra los funcionarios públicos.
En la comunicación, fechada el 01 de octubre de 2020 y firmada por integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como los relatores especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, las y los expertos hicieron evidente su “profunda preocupación por la reciente detención y las investigaciones penales en contra de (…) Isela Berenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, familiares de personas desaparecidas, y la defensora María del Carmen Ramírez, por su participación en manifestaciones en el estado de Guanajuato”.
Las afectadas forman parte del colectivo de familias «A Tu Encuentro», que realiza búsqueda de verdad y justicia sobre las personas desaparecidas, incluyendo la interposición de denuncias, búsquedas forenses en campo y servicios forenses, así como búsquedas en vida en centros penitenciarios y hospitalarios.
Las y los expertos destacaron que las detenciones ocurrieron “en un contexto de creciente violencia y graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, así como la ausencia de mecanismos de participación de personas desaparecidas en procesos de búsqueda de verdad y justicia, generando así la revictimización institucional de familiares de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato”.
El pasado 01 de diciembre, la jueza Liliana Martínez Sandoval revocó la decisión de la Fiscalía General de Guanajuato de archivar la investigación de los hechos. La decisión conlleva que se reactive la investigación para determinar si hubo abuso de autoridad por parte de dichos policías estatales, además de revisar la cadena de mando para determinar quiénes fueron los responsables de dichas detenciones y dictaminar si las víctimas sufrieron afectaciones psicológicas.
Para los expertos, los hechos denunciados “podrían configurar violaciones de los derechos a la libertad y a la seguridad personal, a la libertad de reunión pacífica y de asociación y a las garantías de debido proceso”, además de que podrían constituirse “violaciones graves de las obligaciones contenidas en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Internacional para la protección de todas la personas contra la desapariciones forzadas, ratificadas por México en marzo de 2008”.
*Con información de Proceso