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El día de hoy tenemos alerta azul porque la coyuntura nos permite ver con mucha claridad la dinámica que se da en torno a la seguridad pública por parte de los poderes constitucionales de nuestro País. Por una parte es muy clara la impunidad y la colusión existente entre sectores policiacos y el crimen organizado, pero también es notoria la incapacidad del Estado en su conjunto para erradicar la impunidad como modus vivendi. La miopía ataca por igual a los sectores oficialistas que los opositores, incapaces de entender que los DH son estándares internacionales, a diferencia de la militarización.
Poderes confrontados por inseguridad
• La SCJN señala al legislativo; Los ministros se quieren “lavar la cara”: Monreal
• El Universal informa que en 50% de los casos hay policías implicados
Nada por aquí, nada por allá. El día de ayer hubo muchas declaraciones en torno al tema de la inseguirdad por parte de diversos actores. Por una parte Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), justificó la inquietud de la sociedad por el tema. Señaló también que si bien en el poder judicial “no somos ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en nuestros tiempos”, es responsabilidad del Congreso emitir “leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”. También dijo que es necesario una mejor integración de las averiguaciones previas. En el mismo acto se cuidó de dejar en claro que atendía al llamado presidencial para unirse en pro de la seguridad.
En respuesta a estas declaraciones legisladores reprocharon al Ministro que el Poder Judicial pretende “lavarse la cara” y que no es el momento de “echarnos la pelota”. Por su parte el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) consideró necesario indagar los vínculos que tiene el crimen organizado con sectores sociales que gozan de impunidad.
Mientras tanto El Universal realizó un seguimiento a sus propias notas relacionadas con secuestro desde enero de 2002 y encontró que en uno de cada dos casos reportados por captura de responsables, hechos y seguimientos de secuestros se encuentra participación de policías de todos los niveles de gobierno. Por su parte La Jornada realizó un seguimiento a las reformas legales que se han dado en materia de secuestros desde 1931 y se encontró con que la medida predominante ha sido el aumento de penas.
La IM no significa subordinación a EU:SRE; ya hay auditor; las transferencias, en septiembre
• La Embajada anunció contratación de “consejero de políticas”
En encuentro con Senadores de las comisiones de justicia y relaciones exteriores, la Canciller Patricia Espinosa negó que la Iniciativa Mérida (IM) implique subordinación de México a EU, pues “cualquier” cooperación en la materia es considerada por el gobierno mexicano un “recurso valioso”.La reunión resultó un tanto ríspida por la confrontación con perredistas quienes señalaron enfáticamente que “Nosotros no aceptamos que un gobierno extranjero nos imponga controles” en materia de derechos humanos. La Canciller señaló que los recursos de la mi servirán para fortalecer los operativos contra el crimen organizado.
En la misma reunión, Espinosa reveló que los recursos relacionados con la mi comenzarán a fluir a partir de septiembre. Recordó que los recursos no serán financieros e incluirán perros entrenados, equipos de radiocomunicación para la SCT, helicópteros para la Secretaría de Seguridad Pública federal y para la PGR, así como aviones, equipos de rayos X y rayos gama para revisión de camiones para el Ejército. No se detalló bajo qué figura se recibirán los equipos, si a préstamo o en alguna forma de propiedad.
Por su parte, la Embajada de EU anunció la contratación de un “consejero de políticas” cuya función será “dar continuidad” a la IM y “construir alianzas lo más amplias posible entre todas las partes interesadas” (Gobiernos de México y Estados Unidos, estatales y sociedad civil)”.