Ciudad de México, 08 de octubre de 2020. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestaron su preocupación por la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor.
Las instituciones destacaron la situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México. De acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak.
Durante los años 2019 y 2020, México ha concentrado 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos.
Por esta situación, México ha recibido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
«En este contexto, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México», señalaron las instituciones defensoras.
La CNDH y la ONU-DH han destacado la necesidad de garantizar la rapidez, flexibilidad y adaptación a las circunstancias de cada caso en la decisión e implementación de medidas de protección. «En este sentido, el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país», consideraron.
Sobre esta base, FMOPDH, CNDH y ONU-DH llamaron a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características.
«Por ello dichas instituciones observan con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborde estos aspectos y elimine el Fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos», manifestaron en un comunicado.
FMOPDH, CNDH y ONU-DH destacaron que cualquier reforma al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas previsto en la Ley General de Víctimas debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente . Recordaron que es obligación del Estado mexicano garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, así como la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos.
«Las instituciones firmantes de este pronunciamiento comparten estas consideraciones para contribuir al profundo análisis que corresponde realizar al Senado de la República sobre la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, que se beneficiaría con la convocatoria de una participación amplia en el proceso de dictamen, hacia el objetivo compartido de valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos», finalizaron.