Ciudad de México, 31 de agosto de 2020. Decenas de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras expresaron su «enorme preocupación» por las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, «que deslegitiman y estigmatizan públicamente el trabajo que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas».
En su conferencia matutina del 28 de agosto, el Gobierno federal presentó información de dominio público, apuntando que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”. A lo largo de la presentación de esta información, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones, así como a sus fuentes de financiamiento.
«Sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas», advirtieron las organizaciones.
Las y los defensores de derechos humanos lamentaron que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras organizaciones, estén siendo objeto de difamación y hostigamiento por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto “Tren Maya” en el sureste del país, que viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas.
El medio Animal Político también fue señalado en el listado de organizaciones que recibieron fondos de “benefactores y opositores”.
«Calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión», señalaron las organizaciones.
«Recordamos al Gobierno Federal que, tal como lo ha establecido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de las actividades que realizan. En este tenor, el Ejecutivo Federal debe abstenerse a emitir declaraciones que deslegitimen y pongan en riesgo los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión», agregaron.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la administración federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. Además, Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente.
«Bajo este contexto, enfatizamos que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo Federal, no protegen, respetan ni garantizan los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, derechos consagrados en instrumentos y tratados internacionales de los que México es parte, y generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales, contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en nuestro país», declararon.
Las organizaciones y personas defensoras exigieron a los distintos niveles de gobierno cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, realizando una disculpa pública y rectificando las declaraciones estigmatizantes; generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos por la implementación de megaproyectos y posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica, en los medios de comunicación.