Ciudad de México, 27 de agosto de 2020. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades a investigar el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas durante los hechos ocurridos el 3 de julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, conforme a los más altos estándares internacionales y tomando en consideración la evidencia hecha pública.
En un video hecho público se pude observar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haciendo uso de la fuerza letal durante una persecución que resultó en la muerte de 12 civiles, entre los que se encontrarían al menos tres víctimas de secuestro.
«Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de Sedena son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos. Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establecen la Constitución mexicana y los principios internacionales», advirtió el organismo.
La ONU-DH saludó el mensaje enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que en su gobierno no se permitirán prácticas como las observadas en el video y que se iniciarán las investigaciones correspondientes.
«La investigación pronta y efectiva de estos hechos puede romper con prácticas que en el pasado obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares. La ONU-DH alienta a la Fiscalía General de la República a conducir la investigación del caso en apego a los estándares internacionales, de tal manera que se esclarezcan totalmente los hechos», agregaron las y los defensores.
Según los estándares internacionales, que incluyen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, como la sentencia del Caso Alvarado, las violaciones a derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por autoridades civiles. Dichas investigaciones deberán iniciarse de oficio y conducirse de forma imparcial, independiente y minuciosa a fin de determinar la naturaleza y el origen de las violaciones, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento.
Adicionalmente, la investigación debe conducirse con transparencia, garantizando el derecho a la verdad de las familias de las víctimas y de toda la sociedad. También debe garantizarse el derecho a participar de los familiares de las víctimas y de sus representantes o acompañantes, incluida el respeto a su seguridad.
Para la ONU-DH, en el caso de Nuevo Laredo, es importante que se investigue el uso de la fuerza letal por parte de los elementos de Sedena, para determinar si ésta fue justificada y, de ser así, si su actuación se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego.